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Se investigó a once guardas por fraude en la inspección por daños del lobo, pero el juzgado ha archivado la causa

La Guardia Civil llegó a cifrar en 200.000€ lo que definieron como «fraude» por simular daños ocasionados por el lobo para cobrar ayudas. La investigación incluyó a once guardas forestales del Principado y a nueve ganaderos.

09/08/2019 11:03:36 | CdC | Archivado en:  LoboAsturias.

Ataque de lobos

Para recibir las ayudas, los agentes del Servicio de Guardería del Principado debían certificar que las reses habían sufrido el ataque del lobo.

Pero el juzgado competente ha archivado las diligencias por un presunto fraude en la inspección de daños causados por el lobo a la fauna, abierta a raíz de la operación Skoll.

El caso involucró al principio a unas 20 personas, de los cuales 11 eran agentes del Servicio de Guardería y 9 eran ganaderos. La operación investigó el supuesto cobro de daños inexistentes y solicitados a través del Principado y del seguro privado. La Guardia Civil detectó irregularidades en las tramitaciones y la instrucción ha determinado finalmente que el sistema era el erróneo y que los hechos no son atribuibles a los guardas.

La Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (Agumnpa) lamenta en un comunicado cómo se produjo este dispositivo de la Guardia Civil que señaló a algunos compañeros, haciendo hincapié en los daños en la imagen y el honor de los imputados.

Una operación que señaló a los guardas desde el principio

La operación se produjo en el año 2016 y la Guardia Civil informó entonces de que estaba investigando a 20 personas que reclamaban subvenciones por daños ocasionados por el lobo. Entonces, la operación apuntaba a presuntas irregularidades en la tramitación de los daños por parte de once guardas.

Agumnpa lamenta el daño que se hizo a la imagen y al honor de todo el colectivo de agentes. «Los indicios de delito han sido errores humanos y con lagunas», han sostenido desde la Asociación en su comunicado, diciendo exactamente: «En resumen, que los supuestos indicios de delito finalmente no han sido más que errores humanos a consecuencias de un procedimiento inadecuado —que aún hoy sigue— y con numerosas lagunas, por lo que finalmente los Juzgados que instruían las causas han sobreseído y archivado definitivamente la causa».

En su comunicado, se añade lo siguiente: «Hace ahora 3 años se inicio por parte de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil (UCOMA) una investigación sobre un presunto fraude en la indemnización por los daños de lobo en Asturias. Durante la «Operación Sköll» fueron investigados 11 Agentes del Medio Natural, a los cuales se les imputaban tres delitos: prevaricación, falsedad documental y estafa. Pese a la gravedad de los delitos en cuestión, en ningún momento dicha investigación cuestionó el sistema de tramitación de las reclamaciones que se estaba llevando a cabo en Asturias ni la responsabilidad de los cargos de la Consejería en el procedimiento aplicado por los Agentes del Medio Natural, a pesar de incumplir sistemáticamente la ley de Procedimiento Administrativo.

»A lo largo de la investigación a través de los medios de comunicación, se trasladó información facilitada por la Guarda Civil que dejó entrever que este problema no solo afectaba a los investigados, sino que se desconocía hasta donde podía llegar dicha trama. Generalizaciones que sin duda afectaron al honor y a la imagen de todo el colectivo de Agentes del Medio Natural y no solo al de los investigados».

Un comunicado para restituir la buena imagen de los agentes del medio natural

Agumnpa cree que la Guardia Civil debería emitir un comunicado explicando el archivo para así restituir la buena imagen de los agentes del medio natural. En el comunicado, podemos leer:

«No esperamos que el UCOMA elabore una nota de prensa al respecto como hizo cuando se practicaron las detenciones, pero sería lo mínimo para restituir el honor y la buena imagen a la que tienen derecho los Agentes del Medio Natural imputados y por extensión todo el colectivo del que forman parte».

Un nuevo reglamento

Además, la asociación exige al Gobierno asturiano que valore el trabajo que lleven a cabo y que haya un nuevo reglamento más objetivo para la valoración de los daños originados por fauna salvaje.

El comunicado dice exactamente: «Por otra parte, el Gobierno del Principado de Asturias ni siquiera aportó defensa jurídica a sus propios funcionarios, que se vieron implicados en un procedimiento fruto de un sistema obsoleto, que incumple la ley de Procedimiento Administrativo y que fue incapaz de adaptarse a la nueva Administración Electrónica, sin protocolos ni reglamentos. Inspecciones basadas solo en la pericia y la formación del propio agente, en muchos casos a base de autoformación y experiencia profesional y sin la más mínima garantía administrativa tanto en la solicitud como en la tramitación posterior.

»Sería una buena iniciativa que el recién nombrado Gobierno asturiano valorara positivamente el sobreseimiento de esta causa por cuanto afecta a la imagen de los funcionarios de su Administración y pusiera en valor su trabajo de policía medioambiental al servicio de los asturianos. También pedimos que se trabaje desde ya para adaptar el procedimiento de reclamación de daños a la ley, para la elaboración de protocolos y el Reglamento de daños que eviten problemas futuros, porque el sistema de inspección y tramitación de daños no puede estar al margen de la ley».

 

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