PACMA acude al Defensor del Pueblo para alegar inconstitucionalidad en la exclusión de los perros de caza de la Ley de Protección Animal

En una extensa carta de más de treinta y cinco páginas, PACMA expone su preocupación respecto a la situación de los perros de caza y guarda de ganado.

No estaban excluidos

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) , presentó ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, un escrito exponiendo que el texto de la Ley de Protección Animal sometido a audiencia pública no excluía a los perros de caza ni a los de guarda de ganado, aunque previamente el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente, Luis Planas ya había anunciado que estos perros tendrían una consideración especial y a pesar de que se preveía una norma específica para ellos en la Estrategia Nacional de Caza, aprobada en marzo del pasado año

También señalan que para poder excluirlos, el Gobierno, premeditadamente, esperó a que el Proyecto de Ley estuviera registrado en el Congreso. Esto, según PACMA, se hizo para que ninguna organización animalista ni ningún particular pudieran presentar enmiendas ni alegaciones, ni siquiera cuestionar el hecho de excluirlos.

¿Inconstitucional?

Para PACMA, la falta de contemplación de la exclusión de los perros de caza y otros animales en la versión del Anteproyecto sometida a audiencia pública en marzo de 2022 constituye una violación del artículo 105 de la Constitución, que garantiza “el derecho a la audiencia de los ciudadanos en el proceso de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”. En este caso, siempre a juicio de la formación animalista, los afectados serían las protectoras de animales, ya que, alegan, “se encargan de acoger a los cientos de miles de perros abandonados por los cazadores”.

¿Violación del derecho de igualdad?

PACMA también argumenta que la exclusión de los perros de caza y de guarda de ganado del ámbito de aplicación de la Ley constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad. Al privilegiar a los propietarios de perros cazadores y ganaderos, se exime a estos de cumplir con las obligaciones y prohibiciones establecidas por la Ley para todos los propietarios de perros. Según PACMA, esto contradice el artículo 14 de la Constitución, el cual establece la igualdad ante la ley sin ninguna discriminación, incluyendo la condición de ser cazador u otras circunstancias personales o sociales.

Contradicciones jurídicas

Otros argumentos que esgrime PACMA es que la Ley incumple los principios de jerarquía normativa y seguridad jurídica establecidos por la Constitución. Consideran que no se ajusta al Convenio Europeo de protección de animales de compañía, ratificado por España en 2017, que no distingue entre los perros según su actividad.

Además, el partido animalista denuncia la existencia de contradicciones legales graves en la Ley, tanto entre diferentes artículos como incluso dentro de un mismo artículo. Como ejemplo ponen la contradicción entre los apartados 1 y 3 del primer artículo de la Ley. Mientras que el primer apartado establece el objetivo de la Ley como la protección de los animales de compañía en todo el territorio español, el tercer apartado excluye a ciertos perros de su ámbito de aplicación según su destino.

Según PACMA, esto contradice claramente el artículo 3 de la propia Ley, que establece que todos los perros deben ser considerados animales de compañía, independientemente de su destino o lugar de residencia.

En cuanto a la enmienda presentada por el PSOE para justificar las exclusiones de estos animales, argumentando que ya estaban protegidos por otras normas como la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, PACMA refuta esta justificación al señalar que la Ley de Protección Animal excluye, a través de una disposición final, a todos los perros, gatos y hurones del ámbito de aplicación de la Ley 32/2007.

PACMA critica esta acción como otro error legal de la Ley. Al excluir a todos los animales de producción de su ámbito de aplicación, automáticamente se excluía a todos los perros, gatos y hurones que son criados y vendidos como animales de compañía. Para "solucionar" este problema, se añadió una exclusión específica para perros, gatos y hurones en la definición de animales de producción en la Ley 32/2007, a pesar de que estos animales claramente se destinan a una actividad lucrativa. Según PACMA, esta forma de legislar es extremadamente deficiente y concluyen calificándola como una chapuza jurídica. El partido animalista no sólo culpa al PSOE, sino también a Unidas Podemos, ya que, como parte del Gobierno, tenían conocimiento directo de la inclusión de una normativa específica para los perros de caza en la Estrategia Nacional de Caza. Según PACMA, Unidas Podemos mostró una actitud contradictoria al comprometerse a rechazar el Proyecto de Ley que excluía a los perros de caza, pero finalmente votaron a favor del mismo, respaldando la exclusión de estos animales.