Las justas reivindicaciones del campo deben ser escuchadas
Intentar comprender la PAC, hacerlo cada primavera, es resolver un jeroglífico dentro de un laberinto. Agricultores y ganaderos dedican demasiado tiempo y excesivos recursos a una burocracia indigesta con origen en la UE y desarrollo en los gobiernos nacionales que ha colmado el vaso: cuaderno de campo digital, recintos, pilares, eco condicionalidad, degresividad… Y una legión de asesores, técnicos, funcionarios y carguillos, para atender el pago de unas ayudas sin las que la gente que nos da de comer tendría que cerrar.
A la burocracia que anega las casas de nuestros agricultores y ganaderos, hay que sumar las sanciones y un sector eternamente en crisis pese a su carácter esencial y necesario. Sin la agricultura no hay nada. No podemos comer papeles. Los de los tractores son los que los nos alimentan y nos permiten comer a precios razonables.
A la maraña de burocracia y normas se suma el aumento desproporcionado de costes que han sufrido en los últimos años los del campo. Abonos por las nubes, gasoil disparado, productos fitosanitarios a precio de oro, y así un suma y sigue que han convertido la agricultura en un imposible. Sin hablar de las dificultades y responsabilidades en la contratación, y seguridad social desajustados a la realidad económica de este sector.
Nuestro sector primario está muy tocado. Basta ver el telediario para certificar que los males del agricultor y el ganadero español son los mismos o asimilados de su colega alemán o francés. La lectura está bien clara: Europa no lo está haciendo bien con el sector primario cuando la indignación de los agricultores franceses ha prendido como la gasolina en toda la UE y amenaza además con extenderse a otros sectores.
Y es lógico que nuestros productores estén hartos, que estén cansados de ver cómo, mientras el aceite vale a 10 euros en el supermercado, ellos no vean cómo se les traslada el mayor precio que pagan los consumidores. Y así con las naranjas, o con los pollos, o con las ovejas… o casi con lo que se pongan.
Ello sin hablar de la paradoja del hacerse trampas al solitario del ciudadano europeo, que mira con lupa, sanciona, limita y prohíbe al agricultor español o italiano, mientras hace la vista gorda, mira hacia otro lado e importa el aceite, la carne, los cereales o los productos de otros países en los que las condiciones de trabajo están a años luz de las de nuestros productores. ¿Les obligan a los agricultores de otros países a hacer esos sesudos cursos sobre fitosanitarios o les aplican las mismas limitaciones medioambientales que a las explotaciones españolas? ¿Tienen que llevar el cuaderno de campo digital? Inspecciones de trabajo, tributarias, recargos de prestaciones, protección de datos, prevención de riesgos laborales, sanciones de tipo y una maraña de prohibiciones, limitaciones y condiciones han minado la productividad y rentabilidad del sector y lo peor, la ilusión de quienes siembran nuestros campos.
Solucionar un problema que viene de lejos es siempre difícil, pero las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos son justas y hay que apoyarlas. Y los gobiernos, atenderlas.
Santiago Ballesteros es abogado, especialista en derecho agrario y medioambiental.
A la burocracia que anega las casas de nuestros agricultores y ganaderos, hay que sumar las sanciones y un sector eternamente en crisis pese a su carácter esencial y necesario. Sin la agricultura no hay nada. No podemos comer papeles. Los de los tractores son los que los nos alimentan y nos permiten comer a precios razonables.
A la maraña de burocracia y normas se suma el aumento desproporcionado de costes que han sufrido en los últimos años los del campo. Abonos por las nubes, gasoil disparado, productos fitosanitarios a precio de oro, y así un suma y sigue que han convertido la agricultura en un imposible. Sin hablar de las dificultades y responsabilidades en la contratación, y seguridad social desajustados a la realidad económica de este sector.
Nuestro sector primario está muy tocado. Basta ver el telediario para certificar que los males del agricultor y el ganadero español son los mismos o asimilados de su colega alemán o francés. La lectura está bien clara: Europa no lo está haciendo bien con el sector primario cuando la indignación de los agricultores franceses ha prendido como la gasolina en toda la UE y amenaza además con extenderse a otros sectores.
Y es lógico que nuestros productores estén hartos, que estén cansados de ver cómo, mientras el aceite vale a 10 euros en el supermercado, ellos no vean cómo se les traslada el mayor precio que pagan los consumidores. Y así con las naranjas, o con los pollos, o con las ovejas… o casi con lo que se pongan.
Ello sin hablar de la paradoja del hacerse trampas al solitario del ciudadano europeo, que mira con lupa, sanciona, limita y prohíbe al agricultor español o italiano, mientras hace la vista gorda, mira hacia otro lado e importa el aceite, la carne, los cereales o los productos de otros países en los que las condiciones de trabajo están a años luz de las de nuestros productores. ¿Les obligan a los agricultores de otros países a hacer esos sesudos cursos sobre fitosanitarios o les aplican las mismas limitaciones medioambientales que a las explotaciones españolas? ¿Tienen que llevar el cuaderno de campo digital? Inspecciones de trabajo, tributarias, recargos de prestaciones, protección de datos, prevención de riesgos laborales, sanciones de tipo y una maraña de prohibiciones, limitaciones y condiciones han minado la productividad y rentabilidad del sector y lo peor, la ilusión de quienes siembran nuestros campos.
Solucionar un problema que viene de lejos es siempre difícil, pero las reivindicaciones de nuestros agricultores y ganaderos son justas y hay que apoyarlas. Y los gobiernos, atenderlas.
Santiago Ballesteros es abogado, especialista en derecho agrario y medioambiental.