Solo dos años y medio de cárcel por matar 500 perros: la ridícula imputación a la directora de una protectora
En febrero del próximo año se celebrará el juicio en el que, además de la muerte de casi medio millar de animales, se le imputan delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsificación de documentos.
Finalmente, ya hay fecha para el juicio a la propietaria de un albergue de animales de Camarles (Tarragona) por el presunto sacrificio de cerca de 500 perros durante la última década, sin ninguna justificación médica. Tras la suspensión de la vista en dos ocasiones, una por decisión de la magistrada y la última por baja médica del abogado de la acusada, éste se celebrará el próximo mes de febrero. La fiscalía pide 18 meses de cárcel y 4 años de inhabilitación para trabajar con animales. Sin embargo, la acusación particular y la Asociación de Juristas en Defensa de los animales, la elevan a dos años y medio.
La detención
En marzo de 2020, agentes de la Guardia Civil de Tarragona detienen a la directora y responsable del Albergue Amigos de los Animales de las Terres de l’Ebre por prácticas ilegales “con objeto de obtener un mayor beneficio”.
La detenida recogía animales, principalmente perros y gatos, de la vía pública para recibir una aportación económica de las administraciones públicas y cuando el animal estaba enfermo o su adopción era difícil lo sacrificaba. Se ha podido verificar que tenía una elevada tasa de mortandad alcanzando su punto álgido entre los años 2013 y 2015 con una media de 95 muertes anuales. Mediante la falsificación de recetas de veterinarios titulados adquiría medicamentos en diferentes empresas distribuidoras.
Más de 10 años actuando impunemente
A lo largo de la última década esta mujer habría dado muerte a casi 500 animales de la protectora, ejerciendo funciones de veterinaria sin estar titulada y falsificando documentación relacionada con la actividad. Desde el inicio de la protectora, varias fundaciones y asociaciones se vincularon a la misma mediante convenios de colaboración para realizar adopciones y financiar el mantenimiento de los animales en los centros de acogida, llegando a pagar por adopción entre 300 y 350 euros. Con objeto de obtener un mayor beneficio, la responsable de la protectora prescindía de los servicios veterinarios para la diagnosis de enfermedades, realizar pruebas y administrar vacunas.
Ejerciendo de veterinaria
En el registro efectuado en el domicilio de la principal investigada y en el propio centro se descubrió que disponía de material quirúrgico, microchips, cartillas sanitarias en blanco, diferentes medicamentos y vacunas, incluso una mesa quirúrgica para las operaciones. También se comprobó que un veterinario titulado era el que le facilitaba los microchips y las cartillas sanitarias en blanco, sin que verificara posteriormente el uso que se hacía. Asimismo, mediante la falsificación de recetas de veterinarios titulados, adquiría medicamentos en diferentes empresas distribuidoras de las provincias de Barcelona y Zamora
Maltrato animal continuado
Según consta en la acusación, se encarcelaban en las mismas jaulas a perros peligrosos con perros dóciles que salían muy malparados. También se describe la falta de agua, la comida en mal estado o mezclada con heces y orines y que los perros y gatos pasaban todo el año a la intemperie, sufriendo los rigores del frío o del calor extremo.
Eutanasias indiscriminadas
Apuntan también las alegaciones de la acusación que, entre 2011 y 2019 se ejecutaron numerosas muertas, supuestas eutanasias, que no tenían causas médicas que las justificase, todas sin sedación previa lo que provocaba en los animales un sufrimiento cruel.
La acusada niega los hechos
La responsable del albergue asegura que todas las acusaciones son falsas y que lo podrá demostrar en el juicio. Llega incluso a denunciar que la Guardia Civil posee la documentación que la puede exculpar pero que no le permite el acceso.
Estaremos muy pendientes de la resolución del juicio.
