Lleida

Acusado de dejar escopeta usada en crimen rurales pide cazar sin armas fuego

Miguel Ángel F.S., imputado como «cooperador necesario» en el delito de tenencia ilícita de armas por el que está imputado el asesino confeso de dos agentes rurales en Aspa (Lleida) ha recurrido el auto del juez que lleva la causa y que le suspendió las licencia de armas y caza mientras dure la instrucción.

15/03/2017 | La Vanguardia

El letrado de Fernández argumenta en su recurso que su cliente tiene licencia para cazar sin armas de fuego y, apelando a la presunción de inocencia, considera "totalmente innecesaria la suspensión del permiso de caza sin armas".

En esta modalidad de caza, denominada rehala, el grupo de perros que acompañan al cazador persiguen e inmovilizan a la pieza, habitualmente un jabalí, hasta que el cazador lo mata a cuchilladas.

Alega el abogado que "no existe ni riesgo ni motivo para sospechar que -su cliente- pueda cazar con armas, pues carece de ellas, ya que están en poder de la Guardia Civil".

Añade además que Miguel Ángel F.S. no tienen antecedentes penales y que está siendo investigado como cooperador necesario por un presunto delito de tenencia ilícita de armas "que de por sí no genera alarma social".

A finales de febrero el titular del juzgado de instrucción núm. 4 de Lleida acordó suspender cautelarmente las licencias de armas y de caza del aparente dueño de la escopeta con la que el cazador Ismael Rodríguez confesó haber matado a los dos agentes rurales el pasado 21 de enero en Aspa.

En su auto, el juez argumentó que Fernández dio explicaciones "absolutamente inconsistentes", por lo que vio "fundados indicios de que las armas -o al menas la escopeta Benelli calibre 12- nunca llegaron a salir de la posesión de Ismael Rodríguez y que la titularidad de Fernández era puramente formal".

Por ello, consideró que el investigado "carecía de cualquier control y supervisión de las mismas", lo que ponía en entredicho "la solvencia que tenía para la custodia de armas y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la obtención de una licencia de armas y de caza, actividad íntimamente ligada a la autorización para portar armas".

En su recurso, el letrado de Fernández alega que "no existen pruebas de que las armas no estuvieran en posesión de mi representado ni que colaborara en ningún delito".

Además, afirma que "presunciones, suposiciones o hipótesis más o menos fundadas deben quedar proscritas en un procedimiento penal que se apoya en el rigor".

Por todo ello, solicita al juez revocar "la suspensión cautelar de la licencia de caza respecto a cualquier tipo de caza sin armas".

Teniendo en cuenta la declaración del imputado el pasado 27 de febrero y la gravedad de los hechos, el juez estimó la adopción de estas medidas cautelares solicitadas por el letrado de la Generalitat, a petición del Departamento de Agricultura.

Se da la circunstancia que varios agentes compañeros de los asesinados, en el ejercicio de sus funciones, se habían encontrado al investigado cazando en días posteriores a los crímenes, a pesar de que su arma fue la que se usó en ese crimen, hecho que generó mucho malestar en el Cuerpo de Agentes Rurales.

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