Reportajes

El «mayor golpe al tráfico de armas» se desmorona

El juez ordena la devolución de casi 12.000 armas a sus propietarios

Cuatro años después de que el Ministerio del Interior celebrase el «mayor golpe contra el tráfico ilegal de armas» y de que se encarcelara durante meses a los detenidos, el juez ordena la devolución de esas armas de coleccionismo a sus legítimos dueños.

Javier Fernández - Antonio López Espada

26/03/2021

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«En aquellas informaciones se aludía a miles de armas en desuso inmovilizadas»

«Parecía un gran triunfo del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía contra el tráfico de armas»

«El juez ha ordenado la devolución de las armas»

«Aún recuerda con horror el primer día en el que la Policía Nacional comenzó a llevarse el fruto de su trabajo»

El Ministerio del Interior lo catalogó como «El mayor golpe al tráfico de armas». Los medios de comunicación publicaron los detalles oficiales de la denominada Operación Portu en base a la información proporcionada por el Gobierno y los gabinetes de prensa policiales.


Así están siendo devueltas las armas a Cantábrico Militaria.

En La Vanguardia, leíamos en 2017 el siguiente titular: «Descubren en Getxo una red que reactivaba armas en desuso para venta criminal». Se trataba de una información de la Agencia EFE. Hablaban de una operación del Cuerpo Nacional de Policía llevaba a cabo de manera simultánea en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña o Cantabria.

En aquellas informaciones se aludía a miles de armas en desuso inmovilizadas «que iban a ser manipuladas para poder ser usadas y vendidas a grupos criminales».

Todo parecía un gran triunfo del Ministerio del Interior y del Cuerpo Nacional de Policía contra el tráfico de armas y su relación con grupos criminales. Incluso se aludió al terrorismo internacional. Se llevaron de un negocio de Getxo un total de 11.990 armas inutilizadas.

Tres meses de cárcel y liberados sin cargos

Detrás de todo esto hay una familia de Getxo que lleva 70 años dedicados a las armas de coleccionismo. Compran excedentes al ejército, los inutilizan y los comercializan como armas históricas a coleccionistas, museos, producciones audiovisuales y similares. Jesús Prieto y su hija, Amaya regentan Cantábrico Militaria. Pasaron tres meses en la cárcel, sin posibilidad de fianza, y aún están imputados en un juzgado de primera instancia de Getxo. Les liberaron sin cargos cuando la Fiscalía y el juez no encontraron indicios que les relacionaran con los cargos por los que la Policía Nacional les detuvo.


Estas fueron las armas incautadas por la Policía Nacional y que ahora están siendo devueltas.

Cuatro años después, el caso comienza a resolverse

El juez ha ordenado la devolución de las armas, pero la instrucción judicial por presuntos delitos de tráfico, depósito y tenencia de armas, así como pertenencia a grupo criminal y falsificación de documentos aún no se ha resuelto. Lo esperan con ansia.

El caso ha cambiado de juzgado, llegando al de Getxo, y cuatro años después del comienzo de la pesadilla, el juez ha creído necesario que no se alargue más el proceso. La Policía Nacional está devolviendo sus armas a los responsables del negocio, esto es, a Jesús y su hija. Este lunes comenzó la restitución, y esto se prolongará unas semanas. Cuatro años después, el juez ha comprobado que las armas cumplen con la legalidad vigente.

Aún resta que la instrucción judicial se pronuncie sobre las acusaciones de la Policía Nacional acerca de que los responsables del negocio supuestamente revendían las armas, sobre todo los Cetme provenientes del Ejército Español, en el mercado negro. Y esas acusaciones aluden al crimen organizado y a grupos terroristas islámicos.

Les han arruinado la vida

Jesús ha contado a Club de Caza cómo ha vivido estos años. En enero de 2017, él y su hija fueron internados en una penitenciaría. Tres meses de cárcel preventiva sin fianza. Les soltaron cuando la Fiscalía y el juez no pudieron encontrar indicios relacionados con sus acusaciones de tenencia de armas, pertenencia a grupo criminal o falsificación de documentos. Actualmente siguen imputados, pero comienzan a ver la luz tras tanta oscuridad al comprobar que el juzgado está trabajando en el caso.

Aún recuerda con horror el primer día en el que la Policía Nacional comenzó a llevarse el fruto de su trabajo. Se llevaron 11.190 armas. Ahora les devolverán casi todas en las próximas semanas. Tardarán más en reponerles tres armas largas y cinco cortas anteriores a 1890, así como un subfusil que pertenecía a un militar. Todo, según nos confirman, con su documentación en regla pero que aún son objeto de estudio pericial.


Las armas fueron expuestas para su difusión por la prensa.

Armas devueltas, pero no en el estado en el que se las llevaron

Han esperado cuatro años y tres meses para ver de vuelta sus armas. Pero no en el mismo estado en el que se las llevaron, ya que las mantenían engrasadas y guardadas al vacío en plásticos. Todo este tiempo han estado en dos contenedores en el patio de una comisaría.

Jesús recuerda que los agentes dejaron en su local tres o cuatro mil armas de las mismas características. La única diferencia es que no habían sido adecentadas y arregladas, ya que ellos se dedican a comprar al ejército armas excedentes o dañadas. No entiende por qué actuaron sobre unas armas y no sobre otras.

También quiere dejar claro que en ningún momento la guardia civil les ha cerrado la armería. Aun así, todo esto les ha llevado a la ruina. Los clientes les han dado la espalda por miedo a ser relacionados con todo lo que se les ha acusado.

Solo esperan que todo se resuelva pronto y se demuestre lo que llevan años repitiendo: «no somos traficantes de armas ni yihadistas».

ANARMA habla de presunto montaje policial

No quiere hablar de la actuación de la Policía. Pero eso ya lo ha hecho la Asociación Nacional de Arma. ANARMA siempre ha defendido la inocencia de esta familia. Es más, desde el principio habló de «presunto montaje». Y ahora incide en su teoría apoyada por la orden judicial.

Lo que queda claro es que la devolución de las armas ordenada por el juez ha supuesto un duro golpe para el Ministerio de Interior y para los responsables de la operación.