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Juan Antonio Sarasketa

El Luchadero

Juan Antonio Sarasketa

Presidente de honor de la Oficina Nacional de la Caza.

El último cartucho

Parece que los políticos —algunos, no todos— empiezan a valorar lo que supone el ejercicio de la caza en toda su intensidad. Y es que para ellos 1.000.000 de cazadores y 187.000 puestos de trabajo que generan son el mejor aval para garantizar el control de las poblaciones de animales salvajes, que han crecido exponencialmente como consecuencia del cese de la actividad cinegética un 60% aproximadamente.

30 nov. 2020 - 1.952 lecturas - No hay comentarios

De hecho, entre otras especies los jabalíes en 10 años han duplicado sus poblaciones y todo apunta a que en breve las consecuencias pueden ser imprevisibles. Y es que los 500.000 ungulados que se abaten anualmente se convertirán en breve en 1.500.000 más, y los 10.000 accidentes que se producen con animales salvajes ni se sabe.

En definitiva, pérdidas millonarias en la agricultura, inseguridad vial, y todo porque a algunos políticos de medio pelo no les gusta esta práctica y aprovechan el momento para intentar acabar con la caza, por mucho que genere 6.500 millones anuales. ¡Pero que más les da! Si se atreven a decir públicamente el Sr. Ábalos y la Sra. Teresa Rivera y los animalistas afines a Podemos que hay que acabar con los cazadores.

Pues no, señores, no se lo van a poner fácil. La caza es una actividad natural, legal, debidamente reglada, sostenible, y parte del acervo cultural. En definitiva, esencial a todas luces.

Así y todo, tienen que pagar los cazadores cantidades importantes en licencias, seguros, tarjetas federativas, mantenimiento de los perros, veterinarios, acotados y un sinfín de archiperres. Afortunadamente, da la impresión que el miedo guarda la viña y que al fondo del túnel empieza a verse un poco de luz. Túnel del que todos hablan, pero pocos aportan por encender la linterna.

Así las cosas, algunos ya lo entienden, como es el caso de Castilla y León, permitiendo a los cazadores poder moverse por toda la región, tanto para las especies menores como mayores en todas las modalidades. No lo olvidarán los cazadores. Galicia, Extremadura, Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid, también son más permisivos en sus confinamientos perimetrales.

Por el contrario, los cazadores vascos de la menor siguen con su confinamiento perimetral. No así los de la mayor, que están haciendo bien sus deberes, evitando en lo posible el gravísimo riesgo que supondría la P.P.A. Francia ya se ha cuidado de proteger las zonas más peligrosas de sus fronteras poniendo vallados metálicos para evitar la entrada de jabalíes de otros países colindantes, así como pagar 100 Euros por jabalí abatido en determinados lugares o multar con 30.000 Euros y con cárcel a quien dificulte la práctica de la caza durante su ejercicio. Que cunda el ejemplo.

Poco más de un mes queda para el cierre de la caza menor. ¿Tanto cuesta dar la razón a los que la tienen y están pagando con su esfuerzo y dinero los animales motivo de su afición?