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Santiago Ballesteros

Por Derecho

Santiago Ballesteros

Abogado, experto en Medio Ambiente y Caza
santiagoballesteros.com
santiago.ballesteros.abogado@gmail.com

La prohibición de la caza en parques nacionales: trampas al solitario

En 2013 escribí: «El Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales presentado por el Gobierno sigue contemplando la caza como un uso incompatible con la conservación de estos espacios con una mano. Con la otra, prevé el control de poblaciones —obviamente a través de la caza y la captura— de ciervos, cabras montesas, jabalíes, etc. Es decir, no, pero sí.». El 5 de diciembre de 2020, la prohibición se habrá hecho definitiva. Lo curioso es que la oposición, en general ha sido prácticamente nula.

04 dic. 2020 - No hay comentarios

Se han vertido ríos de tinta sobre esta materia que parece una cuestión irresoluble. Ya la pasada crisis económica, en plena etapa de recortes y céntimo sanitario, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales habría gastado catorce millones de euros en indemnizar a los propietarios de terrenos ubicados en Parques Nacionales por privarles del derecho a cazar. A su vez, con el dinero de los contribuyentes se paga la bala del celador o el personal al servicio de las administraciones que realiza el llamado control poblacional. También el sueldo del señor que aprieta el gatillo y que según Parques Nacionales «no caza», controla poblaciones.

Cuando hablamos de cazar en los Parques Nacionales hablamos de hacerlo en las mejores condiciones para la conservación, de la forma menos invasiva para el espacio y el resto de especies. Y eso, en terrenos tan amplios y con tanta fauna es posible e incluso necesario hacerlo.

Nunca me han gustado los eufemismos y el lenguaje enrevesado de algunos políticos. Opino que en los Parques Nacionales, si se caza, se caza y si no, no. Lo que es, es. De forma que si no cazan los propietarios (particulares o Ayuntamientos) o los cazadores españoles (por ejemplo, por sorteo o subasta), tampoco existen motivos para que la caza la hagan los guardas o empresas contratadas al efecto. O sí o no. No cabe poner una vela a Dios y otra al diablo. No se puede predicar que uno no está a favor de la pena de muerte y aplicarla, aunque sea con el nombre de «solución final». Lo contrario es hacerse trampas al solitario, un trampantojo y vivir perpetuamente en el eufemismo y por tanto en la mentira.

Me causa estupor esta situación más como contribuyente y pagano que como cazador. Me pregunto si la transparencia, la eficiencia en la gestión, el uso adecuado de los recursos públicos es sólo cuestión de la sanidad, la función pública, o la enseñanza. Me pregunto si de los millones de euros que cuesta no autorizar una caza responsable, controlada, incluso científica y por supuesto deportiva y ética en los Parques Nacionales, se va a informar a una sociedad española que se siente fiscalmente expoliada y exhausta, con un 21% de IVA, un IBI confiscatorio, y una presión fiscal sofocante y que corta el resuello. Añádanle un 120% de déficit público en breve. Me pregunto si algún día las decisiones en materia de conservación se tomarán —de verdad— con fundamento en criterios técnicos, y no en base a meras suposiciones, prejuicios o presiones sociales. Me pregunto, si a Juan Pedro, tractorista, agricultor del Campo de Montiel, que no entiende de letras ni de las leyes, y que se gana el pan con el sudor de su frente todos los días, sabrá explicarle el Organismo Autónomo de Parques Nacionales o Theo Oberhuber por qué el dinero de su cosecha se gasta entre otras cosas en indemnizar el no cazar en algunos terrenos en los que posteriormente unos jornaleros bien vestidos y mejor pagados se dedican a matar bichos a sueldo del Estao. Me pregunto muchas cosas.