Medio Ambiente reitera su oposición a la norma por considerarla ‘innecesaria e inoportuna’ y generar incertidumbre política, social y económica
En este sentido, la Consejería afirma que la nueva norma
«no es necesaria» porque la ley anterior (la vigente Ley 5/2007) se encontraba en pleno desarrollo, y que aún no se han puesto en marcha ninguno de los instrumentos que habilitaba, por lo que no requería una sustitución normativa de estas características. Además, desde su entrada en vigor, la gestión de los Parques se venía realizando en la más absoluta normalidad y desde la lógica colaboración institucional. En este punto, Medio Ambiente continúa defendiendo, como lo ha hecho desde los primeros borradores referidos a la norma, que lo que es necesario para una buena coordinación de la Red de Parque Nacionales es precisamente el desarrollo de la ley vigente de 2007.
En concreto, la Consejería tiene dudas respecto a algunos artículos del proyecto de Ley que, tal y como están redactados, invadirían competencias autonómicas. Como por ejemplo el relativo a la Declaración del estado de emergencia en los Parques, ya que el Gobierno andaluz considera que la formulación de esta petición debe realizarse por la administración gestora, en este caso la autonómica, y no por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Junta considera que el proyecto de Ley aprobado provoca muchas dudas sobre una posible desprotección de los Parques Nacionales, ya que podría abrir puertas a actividades hasta ahora excluidas en algunos parques, además de generar conflictos y discriminación entre estos espacios naturales.
El posicionamiento contrario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con respecto al Proyecto de Ley de Parques Nacionales, viene avalado por el Consejo de Estado, que en su informe recomienda al Gobierno Central que reconsidere
«la totalidad» del texto para asegurar la coherencia del sistema con el modelo de la ley de 2007. Además, en el dictamen de esta institución se alerta de que la nueva normativa podría no ajustarse a los parámetros de constitucionalidad.
La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ya ha mostrado su disconformidad frente al anteproyecto de Ley en diversos foros, tales como el Consejo Sectorial del ramo o en la última reunión mantenida con el ministro Miguel Arias Cañete hace unas semanas. Serrano ha manifestado que
«pocos entienden que estos espacios pierdan sus condiciones de protección y conservación por razones económicas».
La titular de Medio Ambiente cuenta con el apoyo de los Consejos de Participación de Doñana y Sierra Nevada, principales órganos consultivos de los dos Parques Nacionales con los que cuenta Andalucía. Ambos consejos han ratificado, mediante acuerdos aprobados en sus respectivos plenos celebrados en los últimos meses, que la nueva Ley de Parques Nacionales impulsada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
«no es oportuna ni necesaria», por lo que apoyan el desarrollo reglamentario de la Ley 5/2007, marco normativo por el que se regulaban estos espacios protegidos hasta ahora.
