ASCEL presenta una querella criminal en Cantabria por la política de control de lobos de Revilla y la quieren hacer extensiva a Asturias
Esta decisión se produce después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cantabria archivase en abril una denuncia de esta misma asociación contra las órdenes de extracción dictadas por Cantabria.
La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) presentó este viernes ante los Juzgados de Santander una querella criminal por prevaricación contra el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, y contra el Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de la misma administración dirigida por Miguel Ángel Revilla, Antonio Javier Lucio Calero, por haber ordenado la eliminación de diez lobos en esa región.
Acusa a los querellados de ordenar las muertes en base a datos de daños arbitrarios y sin motivación, arguyendo estado de conservación favorable.
Asimismo señala directamente al consejero bajo la acusación de desobedecer la Orden Ministerial sobre el régimen de protección del lobo en todo el territorio español.
Ascel sostiene que hará lo mismo si la Fiscalía de Medio Ambiente archiva la denuncia presentada contra el director general del Medio Natural y Planificación Rural del Principado de Asturias, David Villar, al que acusa de prevaricación por firmar una resolución que abre la puerta a eliminar un lobo en el parque nacional de los Picos de Europa. Según Ascel, el director general asturiano resolvió la eliminación del lobo antes de contar con el preceptivo informe del Ministerio.
En el caso del lobo de Asturias, considera que se ha infringido la normativa vigente porque cree que no se han buscado otras medidas que no conlleven la muerte del lobo y porque, siempre según la opinión de esta asociación ecologista, no se han demostrado perjuicios importantes por los ataques del lobo en la zona en la que se pretende eliminar al ejemplar.
Mismos argumentos que en la denuncia anterior
La asociación conservacionista utiliza argumentos similares a los expuestos en la denuncia que, junto a WWF, presentó en el mes de marzo contra estos dos altos cargos cántabros, a quienes acusó de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, que lleva aparejada pena de inhabilitación por tiempo de nueve a quince años.
Tras esta denuncia, la Justicia paralizó las órdenes de extracción del lobo.
En abril la Fiscalía archivó esta denuncia al rechazar la existencia de ningún delito medioambiental y de los delitos de prevaricación y de falsedad documental durante la tramitación de este proceso que alegaban las asociaciones ecologistas.
Algunos antecedentes
Ya a finales del pasado año los consejeros representantes de las comunidades de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, se habían reunido con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevincius, en la sede de la Comisión Europa, en Bruselas, para analizar la situación del lobo ibérico en sus respectivas comunidades autónomas, su estado de conservación y la necesidad de mantener el difícil equilibrio entre la especie y la ganadería en extensivo en el medio rural.
Los cuatro consejeros le entregaron una carta conjunta en la que le informan de la situación planteada en sus territorios por la inclusión del lobo en el LESPRE, lo que les ha impedido llevar a cabo la gestión y conservación del lobo como se ha realizado en los últimos lustros, con controles de lobo mediante extracción de ejemplares puntuales que provocan daños irreparables en las explotaciones ganaderas.
En la misiva desmienten de manera rotunda el discurso del Ministerio, que sostiene que el estado de conservación de esta especie silvestre es desfavorable, y argumentan que el informe sexenal que envía España a Europa sobre el estado del lobo no se corresponde con los datos facilitados por las cuatro comunidades autónomas que albergan la mayor parte de la población de la especie en el país.
La extracción de 10 lobos
Uno de los hechos que ha provocado la querella es que el Gobierno de Cantabria autorizase, ya en junio pasado, la extracción de 10 lobos en las zonas de Tudanca, Cabuérniga y la Hermandad de Campoo de Suso. A través de tres resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, el gobierno de Miguel Ángel Revilla permitía la “extracción” de estos ejemplares en zonas afectadas por más de 200 ataques de este animal contra ganaderías.
De este modo, el gobierno cántabro puso “contra la pared” al Ejecutivo, que incluyó al lobo ibérico en el listado de especies de protección especial, lo que impide efectivamente su caza. Hasta entonces su caza era común en los territorios al norte del Duero, habitualmente afectados por ataques de estos animales contra ganaderías y otras infraestructuras agrícolas.
Estas medidas no se han llevado a cabo ya que en septiembre el TSJC (la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria) acordó la medida cautelar solicitada por ASCEL y ha dejado en suspenso las autorizaciones de la Consejería de Ganadería para la caza de los diez cánidos en varios municipios de tres zonas de la región.
Volverán a solicitarlo
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), ha anunciado que su departamento volverá a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) la autorización para cazar lobos en las zonas con más presencia de esta especie en Cantabria.
En concreto, el Ejecutivo autonómico vuelve a defender la medida para “controlar la especie” en Los Tojos-Cabuérniga, Polaciones-Tudanca y Hermandad de Campoo de Suso, además de Campoo de En medio.
