«El Ministerio de Asuntos Sociales y su Dirección General de Derechos de los Animales intentan que los cazadores les indiquemos las excepciones que consideremos oportunas para presentarlas como suyas»

Las más de 600 enmiendas por parte de todos los grupos políticos del Congreso y la total oposición de la ciudadanía que el Proyecto de Ley de Protección de los Animales está ocasionando por parte de todo el sector rural, de mundo de la investigación, del veterinario y de la caza, parece que está poniendo más que nerviosos a su proponente Unidas Podemos que ven que su propuesta de Ley cada vez tiene más opositores y por lo tanto cada vez más problemas para ser aprobada.

Consecuencia de todo ello, es que a pocas fechas de su estudio y votación en el pleno del congreso, el pasado viernes 2 de diciembre, en un desesperado intento de arreglar este desaguisado, desde el Ministerio de Asuntos Sociales y la Dirección General de Derechos de los Animales convocaron en una Sala del Congreso de los Diputados a una reunión a diferentes colectivos, tanto animalistas, como del sector cinegetico, entre los que se encontraba la Unión Nacional de Asociaciones de Caza UNAC, con el objeto de conseguir lo que ellos han denominado crear un espacio de diálogo cuyo objetivo fundamental era informar a los principales sectores implicados en el desarrollo del citado proyecto.

Tras su presentación y las opiniones que sobre ello trasmitieron los convocados, se emplazó a los asistentes a las partes a celebrar un nuevo encuentro que ha tenido lugar hoy miércoles 7 de diciembre a las 11:30 horas a la que ha acudido el Presidente de la UNAC Manuel Alonso Wert, donde se nos ha instado a los representantes de la caza social que “les indicáramos las excepciones que consideramos oportunas para presentarlas como suyas mediante las correspondientes enmiendas”.

Ante tal pretensión, desde la UNAC se les ha trasmitido por escrito las siguientes conclusiones.

Muy tarde para contar con los cazadores

En primer lugar, contestarles que a buenas horas se nos pide esta reunión, por cierto, con una antelación de menos de 12 horas a su celebración, cuando han estado más de dos años elaborando este nefasto Proyecto de Ley que únicamente lo han consensuado con los grupos animalistas afines a las políticas de este Ministerio, sin haber tenido en cuenta al sector Rural y cinegetico.

A entender de la UNAC y gran parte de los afectados se trata de un proyecto de ley extremista, no deseado y rechazado por la mayoría de los ciudadanos, excluyente e irreal en su fondo y forma, y antinatura al ir en contra de la Biodiversidad y Razas Autóctonas, con el agravante de que es una Ley que va a afectar a muchos sectores y a todos los ciudadanos que posean animales en el mundo rural y urbano.

¿A qué viene esta pretensión fuera de plazo, cuando el Proyecto de Ley se presentó a información pública por cierto a primeros del pasado mes de agosto en un intento de coger a toda la gente de vacaciones, que ha dejado transcurrir todos sus trámites sin haber tenido en cuenta las numerosas críticas del sector cinegetico, y cuando todos los partidos políticos ya han presentado sus enmiendas previas al debate en el Congreso de los Diputados? Esto más bien nos parece una desconsideración al mundo de la caza social que desde la UNAC representamos, y como tal merece una contestación en este sentido.

No han contado para su elaboración con ningún sector de los afectados, y no somos nosotros solo los que lo decimos, lo dicen los Investigadores, los Colegios Profesionales, los Colegios Veterinarios, los ganaderos, las asociaciones de caza, las federaciones, los dueños de animales de las ciudades, así como todo el mundo rural en general.

No hay más que ver las enmiendas que todos los partidos han presentado, no solo los que  apoyan al Gobierno sino de toda la oposición, llegando a darse el caso que el propio partido del gobierno el PSOE ha propuesto excluir la caza de la Ley, al igual que PP, Vox y otros.

Por ello desde la Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) hemos solicitado en varios escritos y alegaciones que sea retirado el Proyecto de Ley de Las Cortes Generales y devuelta a sus promotores, por el bien de los contribuyentes, el de los propietarios de animales, la Caza y el la Biodiversidad en General, peticiones que no se nos ha hecho caso alguno.

¿Por qué la UNAC está en contra de este Proyecto de Ley?

En primer lugar lo que realmente pretende es cambiar completamente el sistema de protección de los animales. Para la mayoría de medios de comunicación, ha pasado desapercibida e infravalorada en su transcendencia, y tan solo se han valorado sus facetas más anecdóticas, amén de que supone una confrontación y contradicción con las legislaciones autonómicas promulgadas en los últimos años sobre esta materia y desarrolladas por mandato constitucional, que atribuye esta competencia a las Autonomías.

En segundo lugar este Proyecto de Ley pretende acabar con el modelo de “Núcleo zoológico”, herramienta técnico-administrativa presente en todas las leyes autonómicas de protección animal, como un producto vigilado sanitariamente y contrastado zootécnicamente que se ha ido ampliando, progresivamente, con más especies y más requisitos. La nueva ley implica a los veterinarios de clínica en la vigilancia de sus propios clientes, como gendarmes animalistas o comisarios políticos.

En tercer lugar su aprobación va a implicar un grave ataque a la biodiversidad y a las razas caninas españolas, yendo en contra de la meta 15 de la FAO de las definidas por la Agenda 2030, la cual las defiende como testimonio de biodiversidad, algo que en ganadería es fundamental para la seguridad alimenticia y en las razas de utilidad para los medios de vida tradicionales. Ello va a suponer un enorme riesgo para nuestras razas caninas autóctonas que se utilizan para la caza, o las presentes en el medio rural con fines tradicionales, pastoreo, guarda y escolta de rebaños.

En cuarto lugar pretende nutrir al lobby vegano/animalista que a ustedes les apoyan con dinero público, creando para ello una serie de nuevos organigramas en el Estado para controlar todos los incumplimientos de esta ley, introduciendo al animalismo en las esferas de poder de la organización estatal. Todo ello, por supuesto, con cargo a los presupuestos generales.

En quinto lugar crea más de treinta nuevas prohibiciones para los propietarios de perros. Los capítulos más intrigantes y oscuros son los referidos a los registros nacionales, autonómicos y municipales de perros y propietarios y los que dan forma a comités técnicos y “políticos” con capacidad de evaluar, multar o suspender. Si ello se aprobara se van a crear dieciséis nuevos registros y comités que conformarán lo que la UNAC ha venido llamando “el chiringuito animalista” que se pretende implantar con esta nueva normativa.

En sexto lugar, y este es uno de los aspectos más oscuro de este entramado, es el Registro Nacional de Inhabilitaciones para la Tenencia y Actividades relacionadas con animales (RINTA), registro no público, sin fiscalización, una “checa” animalista cuya teórica finalidad es la prevención del abandono y maltrato animal, facilitando la ejecución de las penas de inhabilitación para actividades con animales o su tenencia y canalizar las elevadísimas sanciones que prevé esta Ley.

Y en séptimo lugar, en definitiva y por más que ustedes lo nieguen intenta “cargarse” la caza en España tal como la conocemos hoy, pues esta ley se acompaña con una modificación en el Código Penal que afectaría a todos los vertebrados aumentando los delitos y sanciones, con supuestos que ya el propio CGPD ha calificado que provee más penas por maltratar a un perro que a una persona.

La UNAC exige la retirada de la ley

Por todo ello, desde la UNAC, dado que esta Ley por más parches que se le intenten poner en el fondo es un auténtico desastre, lo que les solicitamos es que se retire, y cuando se intente una nueva reglamentación se parta de un folio en blanco teniendo en cuenta desde el principio a todos los sectores que puedan estar afectados por ella. Los cazadores estamos hartos de los políticos que como ustedes elaboran proyectos de este tipo sin el debido diálogo y consenso con los sectores afectados.