El primer curso cuenta con el apoyo del Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM)
Manuel Aranda, Vicepresidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha y Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca Castilla-La Mancha han trasladado a la directora General de Salud Pública, Berta Hernández la situación de rechazo que ha creado el convenio que la Consejería de Sanidad ha realizado con el Colegio Oficial de Veterinarios de Castilla-La Mancha y, a través del cual, todos los cotos de caza tienen que efectuar un pago a dicho colegio de 310,30 € en concepto de pago por el servicio del veterinario colaborador que inspecciona las canales de las cacerías.
En palabras de los representantes de cazadores y propietarios cinegéticos, desde el sector cinegético se valora la gran importancia que tiene la figura del veterinario colaborador en las fincas de caza y la necesidad de una mayor profesionalización e independencia de los mismos.
Sin embargo, han expuesto que este pago supone un incremento de más de un 200% respecto a campañas anteriores y que es necesario recordar el perfil social de muchos cotos de caza, cuyo objetivo no es la comercialización de las piezas de caza y sí el autoconsumo, cacerías por tanto donde el número de reses abatidas son muy reducidas.
Por otro lado han expuesto que esta medida, antes de su aprobación tenía que haber sido consensuada previamente con el sector cinegético, cuestión que no ha sido tenida en cuenta.
La Federación y Aproca han solicitado a la Consejería una revisión del citado convenio, donde se solicita, que para determinadas modalidades cinegéticas (recechos, aguardos, caza en mano de jabalí, ganchos y batidas de autoconsumo), dicha medida no sea aplicada.
Asimismo, Aranda y Villanueva han mantenido una reunión con la Consejería de Agricultura donde han propuesto una serie de medidas que afectan a la aplicación del Reglamento 1774/2002, entre ellas, que las vísceras de reses abatidas en cacerías e inspeccionadas inicialmente por el veterinario actuante, puedan ser tiradas en el campo sin necesidad de efectuar el enterramiento.
Finalmente se ha solicitado a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente que se reduzcan las dimensiones de los muladares de 10.000 a 1.000 metros cuadrados con el objetivo de que un buen número de cotos se puedan acoger a esta opción de eliminación de residuos procedentes de la actividad cinegética.
