El Defensor del Pueblo denuncia que los controles poblacionales los llevan a cabo solo cazadores federados y pide anular el convenio Fomento-Federación

Según el Defensor del Pueblo, el convenio «supone un incumplimiento flagrante» de algunos aspectos legales. La institución pide a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que apruebe los planes cinegéticos de los cotos regionales y zonas de caza controlada. También solicita que los permisos de caza se distribuyan a quienes tengan la correspondiente licencia y que esas zonas se gestionen a través de una licitación pública.

La versión de la Federación

Javier Tendero es el Delegado de la Federación de Caza de Castilla y León en Salamanca y cree que «está claro que con este convenio se realizan unos controles poblacionales sobre jabalí y ciervo». Además, el cazador señala que las monterías se realizaban «a gastos entre todos los participantes, pagando entre 60 y 75 euros por puesto».

Asimismo, el profesional explica que a través de la venta de los animales abatidos se hacía una donación a diferentes asociaciones sin ánimo de lucro. «Se hacía caza social, y si se rompe este convenio estas zonas de caza controlada saldrán a subasta, con lo cual solo cazarán los cazadores con cierto poder adquisitivo», señala Tendero.

La Resolución de la Consejería

La queja de un particular ante el Procurador Común alude a la falta de transparencia en la gestión de cotos regionales y zonas de caza controlada de Castilla y León. El reclamante aconsejaba la rescisión alegando los siguientes motivos:

• Los terrenos son montes de utilidad pública, no patrimonial.
• La Consejería incumple su obligación de disponer y ejecutar un plan cinegético sobre sus terrenos y el control poblacional se convierte en ordinario por la falta de previsión en la gestión.
• No se cumple con el deber de facilitar el ejercicio de la caza a cualquiera que disponga de una licencia, ya que el control lo tienen que llevar a cabo los federados, en exclusiva.
• No se establece ningún canon por los permisos de caza que se otorguen ni se prevé un pago a favor de la Administración Autonómica.
• Los cazadores federados se convierten en personal auxiliar de los agentes medioambientales.

En su primer informe, la Junta trasladó una copia del convenio al Procurador Común que derivó en un trámite de audiencia al autor de la queja para que este pudiese estimar sus alegaciones. El reclamante afirma que la Federación Autonómica de Caza organizó desde noviembre de 2017 a febrero de 2018 un total de 15 monterías con 795 puestos y que se han realizado labores de caza al menos dos veces en terrenos de la Comunidad Autónoma sin pagar nada. Entonces y tras recibir esta información, la Procuradora pidió más información a la Consejería, y dicho órgano reconoció que la Federación de Caza no abonó alguna cantidad económica por el auxilio prestado en los controles poblaciones realizados.

La Junta también alegó que estaba elaborando un pliego de cláusulas administrativas sobre el aprovechamiento cinegético, pero el autor de la queja alegó que finalmente no se aprobaron medidas.

La resolución del Procurador Común considera que no se ha tenido en cuenta que los terrenos son considerados cinegéticos y que deben disponer de un aprovechamiento ordenado y acorde con la ley, por lo que es necesaria la aprobación de planes cinegéticos de estos espacios.

Además, el convenio objeto de la denuncia incumple, según el Defensor del Pueblo, el reglamento sobre los permisos, cupos y porcentajes. Las concesiones, según el organismo, deben ser «mediante pública licitación» y establecer el plazo de duración, los criterios de adjudicación, el plan cinegético, la renta a abonar por el adjudicatario y las sanciones derivadas por algún incumplimiento.

El Procurador Común da un plazo de dos meses a la Consejería para conocer la resolución de sus exigencias ante una posible anulación del convenio que data del año 2017 con la Federación de Caza de Castilla y León.

UNAC lo lleva denunciando desde hace años

Por su parte, la Unión Nacional de Cazadores (UNAC) ha denunciado la situación desde hace dos años, alegando que «la Junta de Castilla y León discrimina a los cazadores no federados» y adjudica «a dedo» el control poblacional. Es decir, el organismo autonómico podría favorecer, según UNAC, a la Federación de Caza, lo que supondría «favorecer a entidades deportivas» en contra de los cazadores y las asociaciones de caza.