El Supremo anula definitivamente el plan del lobo: no se podrá cazar

Se trataba del último intento de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para sacar adelante el Plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León. Fue en mayo de 2016 cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulaba el decreto de 2016 por el que se aprobó el citado plan, tras el recurso de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), en julio de ese mismo año.

El Tribunal falló con una sentencia anulatoria el 5 de febrero de 2018. La Junta de Castilla y León, con Juan Carlos Suárez-Quiñones al frente, interpuso un recurso de casación que los jueces han encontrado «inadecuado» y «sin fundamento». 

Cuando se presentó el recurso por parte de la Junta, Suárez-Quiñones ya avisó que Castilla y León necesita la caza y el control del lobo, pero que la normativa debía ajustarse a lo que los tribunales habían fallado. Una vez más, estos tribunales deniegan a la autonomía la gestión de una especie que ocasiona cuantiosos daños en su entorno rural. 

Ahora Ascel ha fijado su próximo objetivo en Asturias, donde han anunciado que comenzarán el mismo proceso que han seguido en Castilla y León.

Los ganaderos, desesperados

El sector ganadero esperaba la resolución del TSJCyL, y la no admisión del recurso ha caído como un jarro de agua fría. Al no poder efectuarse un control cinegético de las poblaciones de lobo y considerando que tanto sus poblaciones como los daños que ocasionan siguen una evolución creciente, el panorama que se presenta para el sector es desolador. 

No olvidemos que durante el primer semestre de 2018 se registró un aumento de los ataques al sur del río Duero de nada menos que un 72% con respecto al mismo periodo del año anterior, destacando zonas de Ávila y Segovia con una media de seis ataques diarios.