Ni matar por matar ni exceso de cupo: Van cayendo las falsas acusaciones de los animalistas
En un principio denunciaban que la realidad de la caza era matar por matar y deshacerse de los animales tirándolos al río Cubia. Después, cuando les avisaron del ridículo de esas afirmaciones, difamaron sobre un exceso de cupo y que los cazadores trataban de ocultarlo. Cuando se han enterado de que los cupos se han respetado, intentan que sea la Ley de Aguas la que castigue a los cazadores.
La prensa se ha intentado cebar con los cazadores, lanzando titulares tan bochornosos como faltos de veracidad como el que publicó La Voz de Asturias el pasado jueves día 4: Atentado ambiental en Grado: lanzan jabalíes y corzos muertos al río Cubia.
La manipulación de unas imágenes en las que se incluyen la cara de un menor de edad y una matrícula de un vehículo particular llegaba también al periódico El País, que dejaba de lado los filtros y la obligatoriedad de contrastar las historias que llegan a su redacción y continuaba con la línea linchadora que han tomado muchos medios locales asturianos, pero esta vez a nivel nacional.
No hubo exceso de cupo
El informe del Seprona lo dejará todo claro. De momento, la Consejería de Medio Ambiente ha contrastado con los gestores del coto los cupos permitidos, y fuentes del Principado han explicado que, en principio, los cazadores que tiraron los animales al río no cometieron ninguna infracción de la Ley de Caza.
También han confirmado que se cobraron tres jabalís y un corzo y que eso estaba dentro del cupo permitido. Los cazadores contaban con los permisos necesarios, por lo que la administración ha dado por válidas las explicaciones recibidas. Y nunca se deshicieron de los animales abatidos, ya que en Asturias es práctica habitual en días de calor sumergir a los animales cobrados en agua para mantener la carne fresca y evitar que las moscas les afecten.
El último intento de los animalistas
Lo único que les queda a los animalistas es recurrir a una posible infracción de la Ley de Aguas, algo que entra dentro de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que ha sido consultada. Fuentes de este organismo, que depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, han explicado que todavía no han recibido ninguna denuncia o comunicación oficial procedente de la Guardia Civil y que ellos no suelen actuar de oficio.
Tras consultarles, se limitan a decir que se investigará en su momento y, entonces, se determinará si se fija alguna sanción. Aunque fuentes consultadas manifiestan que, al tratarse de un típico caso de infracción administrativa, el caso no llegará a la Fiscalía.
