Para la ONC la excusa de la Consejería de que se trata de una nueva modalidad de caza y no de un método tradicional no se puede sostener cuando, precisamente, se trata de aplicar un nuevo método que lo que busca es recuperar una modalidad tradicional. De hecho, lo único que se solicitaba en esta primera fase era la opción de realizar pruebas de campo con todas las garantías para demostrar cómo funciona, su nivel de selección y su utilidad como herramienta científica, algo a lo que se ha negado el Gobierno valenciano con argumentos que no se sostienen y basado en informes que no se corresponden con lo que en realidad han solicitado los paranyers.
El próximo escenario de este debate será el Parlamento valenciano, donde se ha presentado una propuesta para se autoricen estas pruebas. Para la ONC se trata de la oportunidad perfecta para que cada partido se retrate y deje clara su postura ante esta modalidad altamente arraigada en esta comunidad autónoma. Asimismo, es una segunda oportunidad para el Ejecutivo autonómico, que podría rectificar su error y retomar un diálogo que actualmente se ha roto con el sector.
La Oficina Nacional de Caza considera que la decisión del Gobierno valenciano es injusta y no se sostiene ni jurídica, ni técnica, ni científicamente, por lo que responde únicamente a una decisión política difícil de entender y que, una vez más, supone un ataque frontal al sector de la caza.
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