Captiva nº 3
Autorizaciones de caza en Bertiz
A finales del año pasado, y a raíz de un frustrado intento de venta de una cierva abatida a punto de parir, salió publicada en los medios de comunicación una noticia referente a unas autorizaciones a dos sociedades de arqueros para cazar, durante un año en el Parque Natural del Señorío de Bertiz, 10 ejemplares de ciervo, 30 de corzo y 30 de jabalí, las cuales habían sido autorizadas por el Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Gobierno de Navarra Enrique Eraso, figurando entre los arqueros autorizados el jefe de Negociado de Gestión Cinegética, Enrique Castién.
ADECANA
Esta actuación se ha justificado, por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, “como parte de un Plan de Control de ciervos, corzos y jabalíes, cuya ‘alta densidad’ estaba suponiendo una amenaza para la regeneración forestal y la agricultura del parque y su entorno (…). Prefieren hablar de ‘autorización especial’ concedida de manera nominal. Después de que los técnicos advirtiesen una ‘elevada población’ de ungulados en los censos que con carácter anual llevan a cabo dentro del Plan de Actuación para la Conservación en propio Parque Natural (…). Una vez tomada la decisión, Medio Ambiente se acogió a las competencias que le concede el PRUG del Parque Natural del Señorío de Bertiz para autorizar a los 24 arqueros (…). Y como resultado de ello se concluyó que las densidades de poblaciones de estas especies se encontraban en el límite de la capacidad. Por tanto, era necesario un plan de extracción de un número de ejemplares concreto de las misma”, justificando la presencia de Enrique Castién entre los autorizados al “resultar conveniente que personal adscrito a su Departamento acuda a situaciones especiales de estas características para velar por su desarrollo conforme a los requisitos establecidos en la concesión excepcional, (…) al igual que sucede en otro tipo de actividades similares, resulta lógico que exista un control a través de técnicos que tengan la posibilidad de seguir de cerca las evoluciones de la intervención”. No descartando el repetir si fuera necesario.

Es de interés destacar que este espacio natural de titularidad publica goza de la máxima protección al estar homologado como si fuera una reserva integral, estando estrictamente prohibida la extracción de flora y fauna. El hecho de que estas autorizaciones se hubieren concedido sin la preceptiva convocatoria pública del aprovechamiento, al ser un patrimonio público de todos los navarros, ni se hubiera informado de ello, como es preceptivo al Patronato del Consorcio de Bertiz, ha determinado que ADECANA, en virtud del derecho que le asiste para acceder a la información medioambiental, haya solicitado a los responsables de Medio Ambiente copia completa de los expedientes en los que se habían incoado estas autorizaciones, de los censos de ciervos, corzos y jabalíes de este territorio, y diversa documentación relativa a la actividad del parque.
Una vez remitido parte de la documentación solicitada, tras un riguroso estudio de los aspectos jurídicos y técnicos de la misma, la valoración que hacemos de esta actuación administrativa es la siguiente:

En cuanto a la prohibición de la caza en Bertiz:

Este espacio protegido, por disposición expresa de Pedro Ciga, fue donado a la Diputación Foral de Navarra mediante un testamento ológrafo con la condición expresa: “Queda prohibida la caza y la pesca en todas sus formas, con excepción de los zorros y aves de rapiña”. Tal como dispone el art. 32 de la Ley Foral 17/2005, de Caza y Pesca de Navarra, relativo al aprovechamiento cinegético en espacios protegidos, “el aprovechamiento de las especies cinegéticas en los espacios protegidos se hará de acuerdo con el contenido del plan de gestión de cada espacio”. En el actual y vigente PRUG de Bertiz “se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento en todo el ámbito del Parque Natural: 7. La fauna existente en el parque no debe ser molestada con acciones que supongan maltrato, persecución, captura de ejemplares ni destrucción o deterioro de las áreas de reproducción, alimentación o refugio”.

Al no preverse la realización de ninguna actividad en el plazo de 20 años y el establecimiento de zonas de preservación según criterios de la Red Natura 2000 y la Red de Bosques Vírgenes, el manejo de su flora y fauna se homologa a lo establecido en las reservas integrales de la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats. Es decir, prohibición total de cualquier tipo de extracción. De ello se deduce que estas autorizaciones son nulas de pleno derecho, ya que para poder realizar una actividad de este tipo, ya fuera por daños o investigación, si ello fuera debidamente fundamentado, lo primero que debería hacerse es modificar la normativa aplicable, algo que creemos que es inviable, dado el sentido de la disposición testamentaria de la persona que lo donó al pueblo de Navarra.

Tratándose como es el caso de una autorización a terceros en un espacio público, lo preceptivo es que ésta hubiera sometida a información pública, algo que en este caso no se ha hecho. Además de ello, existe, como órgano de participación, un Patronato del P. N. del Señorío de Bertiz, de carácter consultivo y participativo, para la colaboración y cooperación con el Departamento. Sin embargo, ninguna información se le ha trasladado de la presente autorización a dicho Patronato. El mismo ha sido ajeno de la autorización y de la actividad hasta que, casi un año después, ha salido a la prensa. En la documentación que se nos ha aportado sólo existe constancia directa de las autorizaciones, teniendo por ello muchas dudas de que el resto del expediente haya podido surgir “de la nada”.

Motivación de las autorizaciones

Centrándonos en el estudio de las “autorizaciones de trabajos cinegéticos”, nos ha llama mucho la atención su motivación, ya que Medio Ambiente, cuando apareció la noticia en los medios de comunicación, justificó la caza de estos animales, basándose en la “alta densidad de ciervos, corzos y jabalíes” y en base a ello nos han remitido un informe técnico al respecto con el que pretende acreditarlo.

Sin embargo, hemos de indicar que en este aspecto tan importante existe una contradicción, la cual las obtenemos de la propia lectura del epígrafe “Legislación Aplicable” que en ellas está escrito, ya que se establece expresamente que son los artículos 26.4 (prohibición de cazar) y 28,4 de la Ley nacional 4/89 de la Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y este último hace referencia a otra motivación bien distinta, que es “por razón de investigación”, y este tipo de autorizaciones, según la Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus hábitats, (Artículo 9,d) es establece: “(…) sólo se autorizará a personas debidamente acreditadas por universidades, entidades o asociaciones de reconocido carácter científico, pedagógico o cultural”, condición que, evidentemente, no cumplen las sociedades de arqueros que han sido autorizadas.

Además, la gestión del Parque corresponde al Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra, y las funciones de director-conservador del P. N. a la Jefatura de la Sección con competencias en Gestión Forestal. Sin embargo, estos expedientes no parten de la Sección de Gestión Forestal, sino de la Sección de Caza y Pesca, que no tiene competencias en esta materia de control de animales en espacios protegidos y en la que precisamente está adscrito el autorizado funcionario, Enrique Castién, como jefe del Negociado de Gestión Cinegética, uniéndose, por tanto, su condición de preparador de las mismas y autorizado, y dado que tenía un claro interés personal en las mismas, deberían de haberse abstenido de participar en ellas y, por supuesto, el autorizante a firmarlas.

Como conclusión de todo lo anteriormente manifestado, existen muestras evidentes que la actuación administrativa que se critica está afectada de múltiples irregularidades que muestran atisbos de lo que podría constituir una discrecionalidad rayana en la arbitrariedad, y dado que por parte del entorno administrativo adscrito a la Dirección General de Medio Ambiente se ha trasmitido a la Consejera de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente que estas actuaciones anteriores a su toma de posesión del cargo han sido correctas y ajustadas a la legalidad.

Por todo ello, en base a lo dispuesto en las Leyes Administrativas en general y en lo dispuesto en el artículos 145 y siguientes de la Ley 30/92 y resto de legislación aplicable, las cuales establecen la posibilidad de solicitar la exigencia de responsabilidad por las anomalías en la tramitación de las actuaciones administrativas, hemos solicitado al Gobierno de Navarra que de oficio incoe un expediente informativo acerca de las verdaderas circunstancias y legalidad jurídica de las mismas, el cual, a nuestro parecer y por obvios motivos, debe ser incoado por un órgano independiente de los afectados por esta actuación, que a nuestro entender podría ser la Asesoría Jurídica Central del propio Gobierno de Navarra, y si de las mismas se constataran lo que denunciamos, se proceda a depurar las responsabilidades que de cualquier ámbito y jurisdicción hubiere lugar.