La Rioja recurrirá la polémica Ley de Protección de los Animales
El Consejo de Gobierno riojano ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de los Animales de La Rioja por crear invasión de competencias, atentar contra la inviolabilidad del domicilio y obligar a la esterilización de las mascotas.
Hoy el Consejo de Gobierno ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección de los Animales que entró en vigor el pasado 1 de diciembre. Fue impulsada por APARIOJA mediante Iniciativa Legislativa Popular y aprobada en el Parlamento de La Rioja el pasado 22 de noviembre con el apoyo de PSOE, C’s y Podemos, y los votos en contra del PP.
Recurso de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad, que fue anunciado ayer por el presidente del Ejecutivo regional riojano, José Ignacio Ceniceros, recoge que observa inconstitucionales varios apartados recogidos en la norma en vigor, como, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio y la invasión de competencias estatales o del Código Civil.
También reconoce numerosas vulneraciones de competencias exclusivas estatales, pone de relieve confusiones existentes en la ley y alerta de que legisla en contra de la normativa básica en cuestiones como la obligatoriedad de comercializar a los animales previamente esterilizados.
Intento de evitar este recurso
La delegación del gobierno ha reconocido que el Gobierno de España ha pedido una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja, para resolver conflictos competenciales surgidos con la nueva ley tras un informe remitido por del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esa reunión, según ha explicado la Delegación, se ha pedido para «evitar, precisamente, el recurso de inconstitucionalidad».
La controvertida ley
La norma supone una restricción de derechos y libertades como las siguientes:
- La obligatoriedad de la esterilización de los animales de compañía, siempre que su destino no sea el de la venta ejercida entre profesionales, indistintamente de la edad a la que se realice la gonadectomía, supone una restricción de los derechos y libertades de un individuo a elegir cómo desea mantener a su mascota. La nueva ley castiga con multas de entre 501 y 5.000 euros a los propietarios que no cumplan con esta obligación.
- Contempla que entidades animalistas desarrollen labores de policía. Los propietarios no podrán negarse a la inspección de estos funcionarios, que podrán acceder libremente y sin previa notificación a cualquier lugar para comprobar el grado de cumplimiento de la ley.
- Sanciones desproporcionadas. En casos graves de maltrato animal o esterilizaciones sin supervisión veterinaria las sanciones pueden alcanzar los 100.000 euros.
- Además, obligatoriedad de castración de perros que vayan a ser cedidos entre particulares sean cuales sean sus circunstancias, servicios de recogida y atención a fauna urbana, doméstica y salvaje activos las 24 horas del día en municipios de más de 10.000 habitantes, la prohibición de los animales en los espectáculos, un aumento de la burocracia… y un incremento exponencial de las obligaciones de los propietarios de animales.
