Sintiéndonos orgullosos de nuestro país, debemos reconocer que, a veces, la Administración se pone en plan "del sur" y nos vuelven locos con normas que, sobre el papel, son absolutamente naturales y sensatas.

Y el origen de todo ello está en la falta de naturalidad con el que la Administración ve el comercio de las armas deportivas y la práctica de la caza. La Administración española no entiende que ciudadanos serios y sensatos tengan armas en su poder, frunce el ceño ante nuestro deporte, convencida de que alguna intención tortuosa y maligna tiene que residir en españoles armados y, por lo tanto, hay que tener un control exhaustivo de sus movimientos, de lo que hacen, de lo que no hacen, de lo que tienen, de lo que venden, de cuántas armas tienen y para qué las tienen. La sospecha es la regla del control sobre los cazadores y quien tiene que ejercerlo, para la Guardia Civil, es el armero.