Acusan a un alcalde de coacciones y amenazas contra un club de cazadores

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha abierto diligencias contra el alcande pedáneo de Turienzo Castañero, Víctor Núñez, por los presuntos delitos de coacciones y amenazas tras un supuesto chantaje al Club Deportivo de Caza ‘San Tirso y San Pelayo’.


 Turienzo Castañero
Turienzo Castañero

Según las investigaciones, el alcalde de la pedanía de Turienzo Castañero habría intentado obligar a aceptar un incremento del canon pactado en el contrato para la gestión del coto privado de caza LE-10859 y, al negarse los cazadores, rescindió de manera unilateral el mismo.

El alcalde quería más dinero

Pero este club, que lleva gestionando dicho coto desde 1990 mediante diversos contratos de cesión de los aprovechamientos cinegéticos formalizados con la Junta Vecinal, se negó a esta propuesta al tener firmado contrato con vigencia hasta 2025.

Por todo esto, y tras la denuncia del club de cazadores, la Fiscalía de Ponferrada ha acusado al alcalde de los presuntos delitos de coacciones, amenazas y delito contra los derechos cívicos.

Las amenazas y coacciones se habrían producido desde que el alcalde ganase las últimas elecciones municipales. Fue entonces cuando el nuevo pedáneo les comunicó verbalmente su deseo de incrementar el canon. Si no lo aceptaba, amenazó a los cazadores con rescindir el contrato vigente de manera unilateral.

Chantajes

Ante la negativa de los cazadores, el alcalde comenzó lo que la fiscalía ha denominado como «hostigamientos» contra ‘San Tirso y San Pelayo’ y sus representantes, consistentes en incoar un procedimiento de revisión de oficio del contrato vigente «al no existir expediente alguno de contratación» y dictando una resolución por la que se declaraba nulo de pleno derecho el citado contrato. Es decir, el alcalde cumplió sus amenazas.

El club de cazadores presentó un recurso contencioso administrativo contra esa resolución, además de solicitar la documentación pública referida a la gestión de la junta vecinal, pero les fue denegada. Por ello, reclamaron ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León.

Quedó grabado

En este punto, Núñez les citó a los denunciantes en el mes de enero en la sede de la entidad local menor. Los cazadores acudieron y grabaron todo lo que allí aconteció. Allí quedó grabado que Núñez, sirviéndose de su cargo, chantajeó y amenazó con denuncias ante la Junta de Castilla y León por una supuesta e inexistente infracción administrativa que conllevaría una cuantiosa multa. Presuntamente, quedó grabado incluso cuando el alcalde reconocía que todo aquello era un chantaje.

Se inicia procedimiento judicial

Tras la denuncia, la Fiscalía, consideró indicios de comisión de infracción penal por presuntos delitos de coacciones, amenazas y/o delito contra los derechos cívicos, ante lo cual ha iniciado procedimiento judicial correspondiente ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Ponferrada.

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