En lugar de exigir que se depuren responsabilidades que lleven a la captura y condena del presunto autor de este atentando contra la conservación de un animal protegido, como así demanda la FAC, los grupos ecologistas han anunciado que plantearán a la Fiscalía de Medio Ambiente el cierre cautelar de los cotos criminalizando así a la actividad cinegética y acusando a todos los cazadores de la zona del hecho delictivo cometido por un delincuente que, en ningún caso, puede considerarse cazador.
«La constante y burda demagogia con que el ecologismo ataca a la caza se materializa en una demanda profundamente injusta e indignante por la que se exige que paguen justos por pecadores y que sean todos los cazadores de Aznalcázar quienes suspendan su actividad por los delitos de uno o varios delincuentes», ha señalado José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza.
Por su parte, la Sociedad de Cazadores de Aznalcázar ha mostrado su preocupación por la criminalización que se está realizando de todo el colectivo y recuerda que desde hace 10 años colabora estrecha y directamente con el Proyecto Life Lince habiendo pasado de una población nula de ejemplares en 2004 a los 10 linces que hay registrados actualmente.
