Las nuevas normas de protección animal en Madrid y Valencia

Primero fue el medio ambiente el título de intervención que permitió a las Administraciones intervenir en la esfera privada y condicionar actividades como la agricultura, la ganadería y por supuesto la pesca. Ahora, el bienestar animal, a marchas forzadas, lleva camino de convertirse en otro nuevo título de intervención de lo público en lo privado.

Los que nos hemos criado en pueblos, jugado en corrales con gallinas, cabras o conejos o mulos, consideramos a los animales aliados del hombre: auxiliares al servicio del bienestar de las personas. Pero de ahí a pedir la climatización de los centros de tenencia de animales para que no tengan temperaturas superiores a los 26º, como denunciábamos desde ARRECAL en la nueva Ley de Protección de animales de compañía de la comunidad de Madrid, va un trecho. Incluso moralmente es inaceptable este estado del bienestar animal a ultranza, cuando muchas personas de nuestro entorno, e incluso nuestros hijos en el colegio, no disfrutan por ley de esa climatización.

Galicia, La Rioja, ahora Valencia o Castilla-La Mancha se han subido al carro de las nuevas de Protección Animal. Mejorar la vida de las mascotas y los animales domésticos se ha convertido en una cuestión de estado. Incluso algunas Fiscalías en sus escritos llegan a pedir penas de prisión relativamente elevadas por delitos de maltrato animal. El gato o el perro son, como en Egipto, unos seres que deificar y a los que dotar (como en la Iniciativa Popular de La Rioja) de un estatus de víctimas a las que proteger. Asociaciones de defensa de los animales fustigan en las redes y en los juzgados a quienes son señalados con el dedo acusador del maltrato animal. El problema es que, a este paso, hablar mal a un animal será delito.

Es necesario que nuestros parlamentarios hagan una reflexión, y no chica. La protección de los animales está muy bien, pero sin elevarlos a la categoría de humanos y hasta el punto de hacer imposible para los que trabajan con animales la convivencia en términos de seguridad jurídica o de inviabilidad económica. No todo el mundo podrá asumir las condiciones de confort, espacio, materiales, asistencia continuada (como si de un menor se tratara) o administrativas que apuntan las nuevas normas.

También Castilla-La Mancha, acaba de sacar su Anteproyecto de Ley. Y lo ha hecho de forma sorpresiva, súbita, inopinada. Desde la Federación de Caza de Castilla-La Mancha hemos hecho alegaciones, hemos seguido el texto y preguntado durante un año en reiteradas ocasiones por el estado de la tramitación. Nos da más miedo que un nublao lo que pueda aprobarse con la presión de Ecologistas en Acción detrás.

Su coordinador regional, Miguel Ángel Hernández, pone en grito en el cielo porque se puedan abatir perros y gatos asilvestrados en el campo. Como si la protección de las aves esteparias que predan los gatos asilvestrados no fuera importante; como si los perros y los gatos valduendos tuvieran un problema de conservación; como si no hubiera estudios serios que avalan que los gatos en la naturaleza son un problema para la biodiversidad.

Nos hemos encontrado de bruces con el trámite de información pública y, por eso, se ha exigido responsabilidades al Gobierno regional. Los animales ligados a la caza, auxiliares, deben quedar fuera del ámbito de aplicación de estas normas. La razón es sencilla: son animales de trabajo, al servicio del hombre, cuya actividad implica a veces riesgos. Perros, hurones, aves de cetrería o caballos no pueden tener el mismo estatus que un caniche en un piso o un canario enjaulado en un balcón. Su destino, su situación y su función, es diferente, y están al servicio del hombre y no al revés. Me consta que desde la Oficina Nacional de la Caza se es muy sensible a este tema y que se lleva trabajando años saliendo al paso (con escasos medios) de todas estas iniciativas que se replican en diferentes puntos de España. Estaremos atentos.