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Por Derecho

Santiago Ballesteros

La Audiencia Provincial de Soria dinamita la Operación Podenco

Ya habíamos anunciado que la Operación Podenco iniciada en Soria por la Guardia Civil a finales de 2018, era un enorme castillo de naipes, una apuesta perdida y un despropósito jurídico, a falta de los presupuestos básicos para considerar el corte de orejas a los perros un delito de maltrato animal.

07 may. 2019 - 3.300 lecturas - No hay comentarios

De paso puso en jaque toda la caza mayor en Castilla y León, y generó tal alarma social que llevo incluso a plantear un paro de los rehaleros como forma de protesta. Dicho paro fue desconvocado tras la reunión mantenida a mediados del año pasado con la Fiscalía de Soria.

Como tuvimos ocasión de subrayar personalmente al Fiscal Jefe de Soria desde la cúpula de Arrecal, la ONC y la Federación de Caza de Castilla y León, la posición de la Fiscalía en ese caso, —en solitario en toda España— estaba manifiestamente destinada a estrellarse en los tribunales de justicia.

La Operación Podenco, que supuso un macroproceso contra los rehaleros de Soria, ha sido un globo que se ha ido desinchando poco a poco desde el momento en que empezó. La confusión, la alarma social y el temor inicial que generó entre los rehaleros sorianos, y por contagio, entre los hombres del perro de toda España, ha ido cediendo ante al archivo progresivo de la inmensa mayoría los procedimientos administrativos y —desde hace poco— ante las sentencias absolutorias frente a las inconsistentes acusaciones mantenidas por la Fiscalía.

Vaya por delante mi respeto al trabajo de la Guardia Civil y de los Fiscales de toda España, pero quede igualmente constancia de mi desacuerdo —expresado sin ambages al Fiscal Jefe de Soria— por el mantenimiento de una acusación sin solidez y fundamento mínimo que requiere el proceso penal.

Más de un año después, primero algunos Juzgados de Instrucción de Soria y después la Audiencia en reciente sentencia 18 de marzo de 2019, nos confirman en nuestra tesis inicial: no existía delito. Magro consuelo, teniendo en cuenta que muchos rehaleros han tenido que sufrir una pena de banquillo y afrontar el coste y el desgaste de un proceso penal. Y todo ello para nada.

Iniciar un proceso de investigación policial en este caso —igualmente en solitario en toda España— y posteriormente sostener la acusación ha sido mantener la cuadratura del círculo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Soria no deja lugar a dudas y anuncia el camino que seguirán —con matices— el resto de causas en las que la Fiscalía de Soria sigue manteniendo la acusación. El delito de maltrato animal exige la prueba plena o al menos indiciaria, de la existencia de un menoscabe grave a la salud del animal. Y es ese precisamente el talón de Aquiles de este macroproceso. Afirmar de manera general, sin pruebas, la existencia de un menoscabo grave a la salud de cada perro, es una deformidad dentro de un proceso penal y conducirá a la absolución en la mayoría de los casos en los que no existan otros matices. La Fiscalía de Soria está aún a tiempo de rectificar y no seguir perseverando en el error. Confiemos en que la preparación y la inteligencia acreditada de sus miembros, unida a la doctrina de su Audiencia, lleven a la rectificación. Más valdrá tarde que nunca.