Este apunte incrementa en un 50% las licencias revocadas el año anterior. Estos datos son causa de cambios legislativos, que hasta cierto punto tienen relativa lógica, base legal quiero decir. Hablo de que la nueva Ley de Seguridad Vial ha convertido en delincuentes, con sus penales manchados, a personas que, tiempo atrás por los mismos hechos, hubiesen incurrido solamente en una falta administrativa. Hasta ahí todo explicable pero… ¿Y la otra mitad de las licencias revocadas? Un pequeño porcentaje son por el proceso normal de circunstancias procedentes y pertinentes. Hablo de sentencias judiciales, las menos; las más, por no pasar el psicotécnico. El elemento novedoso que hace que se disparen estas revocaciones es porque el gobierno ha dictado las ordenes precisas para que aquellos ciudadanos que se encuentren denunciados por cualquier cuestión menor se les considere no aptos para la renovación, sin que haya mediado sentencia alguna.
Es por ello que me hago la pregunta que encabeza esta reflexión… ¿Somos ciudadanos de segunda? Yo creo que así nos consideran nuestros dirigentes. Dos casos por mí conocidos están en esta situación de desamparo. Al primero no le han renovado su licencia al estar denunciado por pagar, supuestamente, en un peaje con veinte euros falsos (nos puede pasar a cualquiera sin darnos cuenta). El segundo caso, mucho más sangrante, ha consistido en que a otro cazador se le ha revocado la licencia porque fue denunciado por el carterista que le acababa de robar la cartera, el cual resultó arañado durante el forcejeo que entabló con la víctima cuando esta intentó preservar lo que era suyo.
El derecho está para ser usado por todos, hasta por los carteristas. Ya dictará en su momento la verdad judicial la justicia, sólo que el Estado Español parece retorcerlo para oprimir los derechos de cazadores y tiradores deportivos.
Que se utilice la ficha policial para estas revocaciones, sin haber mediado sentencia o sin establecerse siquiera una relación ponderada entre la denuncia y el ejercicio con las armas, es un pisoteo absoluto de nuestros derechos constitucionales. Están estas directrices ordenadas por el gobierno más cerca del
Ordeno y Mando de los gobernadores civiles del franquismo, que de una sociedad democrática.
Un presunto asesino o ladrón, al ser detenido, podría interponer una acción de
hábeas corpus reclamando un inmediato amparo judicial si creyese que se vulneran sus derechos fundamentales. A nuestro colectivo ni siquiera se le otorga la consideración de presunto. La administración nos conoce culpables de forma automática porque, con seguridad, nuestros dirigentes nos consideran simplemente súbditos a los que puedan otorgar su gracia de forma caprichosa.
Quizás nuestros patricios gobernantes tengan una concepción de la sociedad similar a la de la antigua Roma. De esa forma, nosotros, no llegamos a tener para ellos siquiera la consideración de ciudadanos con derechos. Directamente nos ven como plebeyos.
Desconozco si de alguna forma, desde los órganos de representación de los cazadores, se está defendiendo jurídicamente al colectivo. Espero que si, puesto que es un problema generalizado. La caza no solamente se defiende invirtiendo nuestros cuartos en el estudio del
arrendajo gorilero. Habrá que pensar, pues, si en esta ocasión estamos priorizando nuestros gastos correctamente, porque se me antoja que unos cuantos euros invertidos en procesos judiciales en defensa de nuestra dignidad; quizás estuvieren mejor invertidos.
Mientras, sigo haciéndome la misma pregunta que al principio de mi reflexión. ¿Somos ciudadanos de segunda?… Quizás si, pero el derecho al voto no nos lo han quitado.
Todavía…
Publicado en Federcaza de Octubre de 2011
