No ocurre lo mismo cuándo el delito se comete con una nueve milímetros parabellum; en ese caso, al arma se le llama pistola, nunca pistola de policía. Esto ya es ropa muy vieja en boca de nuestra prensa generalista y a mí, personalmente, me genera un hartazgo insoportable.
Ha sido una gran noticia que el colectivo cinegético, con la RFEC al frente junto a otras asociaciones procaza y federaciones —como ha sido la de Tiro Olímpico— hayamos sido quien de parar la ignominia de borrador del reglamento que se nos pretendía hacer tragar.
Hemos de reconocer que en todo ello también ha pesado la capacidad de convocatoria demostrada en La Castellana. No debemos dejar atrás, como copartícipes de este éxito a cazadores de pro que, individualmente y desde sus ámbitos personales como periodistas, políticos relevantes de diversos signos, y quizás también
‘Alguien Más’, han abierto la puerta para que aquel panfleto conculcatorio se haya transformado en una simple adaptación a la normativa europea. ¡Menos mal!
Aprovechando el nuevo período de alegaciones, la Federación de Caza, lejos de dormirse en los laureles, ha presentado una serie de alegatos pidiendo que se defina con claridad el transporte de armas
in itínere. Se intenta evitar que sigamos abandonados al criterio del funcionario de turno; éste podría, en función de su parecer, llegar a acusarnos de falta de custodia si dejásemos el rifle en el maletero mientras visitamos los aseos de una gasolinera.
También han alegado contra la prohibición del uso de cascos o auriculares durante el ejercicio con armas, las razones son evidentes y de sentido común. Además se han expuesto razones contra las actuales revocaciones de permisos de armas a ciudadanos que tienen los penales limpios. El gobierno está usando, como referente para la renovación del permiso, la ficha policial. Por esa cuestión a un conocido mío le han retirado la licencia. Este vecino, había sido denunciado por haber pagado, presuntamente, con 20€ falsos; sinceramente, esto nos puede pasar a cualquiera.
Supongo que nuestros legisladores obran así porque están muy preocupados por ese imperceptible porcentaje de armas de caza que forman parte de algún delito violento. Nosotros, los cazadores, también lo estamos. Pero no podemos consentir seguir siendo victimas del pensamiento del memo aquel que, para reducir accidentes, quiso prohibir los coches.
Pocas veces aparece un demente que provoca una desgracia utilizando sus
armas de caza para realizar una matanza, eso sí, en la televisión sale cientos de veces y al papanatas social de turno se le antoja que hay cientos de dementes armados. Inmediatamente se criminaliza al colectivo de la caza, nunca al sistema; nunca al estado que permite que alguien, con un trastorno mental, pueda acceder a un permiso de armas. No pongo en duda el necesario trámite del psicotécnico, pero sabemos que personas con un trastorno paranoide podrían llegar a pasarlo. Es evidente que la mayoría de estas personas tienen, con certeza, una ficha en la seguridad social. Entiendo pues que, el Estado Español, a través de un simple cruce de datos, debería poner en conocimiento de la Intervención de Armas la novedosa situación de que, a un determinado ciudadano, se le ha diagnosticado un problema médico que lo incapacita para la tenencia de armas. Sin más explicación, para así preservar la protección de datos. Evidentemente, la misma comunicación tendrían que recibirla otros organismos por si ese individuo perturbado conduce maquinaria pesada, es controlador aéreo, dirige una central nuclear, o es redactor del borrador de un reglamento de armas.
Publicado en Federcaza, junio de 2011