En última instancia

A propósito de la manifestación que tuvo lugar por las calles de Madrid el 1 de marzo de 2008 —Por el campo, la caza y la conservación—, cuando varias decenas de miles de cazadores acudieron a la llamada de las entidades convocantes para pedir, entre otras cosas, respeto, desde los ambientes cinegéticos se vino a decir que aquella reacción masiva, apolítica y ordenada podría ser la piedra angular sobre la que iniciar una nueva etapa en las relaciones entre el mundo de la caza y la Administración, que nada volvería a ser igual. El colectivo de los cazadores había dado muestras de hartazgo y, sobre todo, puso de manifiesto su capacidad de organización y su innegable fuerza.


¿Realmente ha sido así? Pasada la euforia pos-manifestación, ¿podemos afirmar que los tiempos del desdén y/o la unidireccionalidad en la toma de decisiones que afectan a los cazadores son cosa del pasado?… Seguro que no. De hecho, hace muy pocos meses que el mundo de la caza suscribió una carta —Una mano tendida, se titulaba— dirigida a la Comisión Interministerial Permanente responsable de la aprobación del nuevo Reglamento de Armas, precisamente porque no se había tomado en consideración al colectivo de cazadores y tiradores en un asunto que les afecta tan directamente. Pero tampoco sería justo no reconocer avances en las siempre delicadas relaciones del mundo de la caza y la Administración. El diálogo parece ser más fluido desde aquel 1M, así al menos lo ha asegurado la Real Federación Española de Caza en más de una ocasión y por varios motivos. Y cuando falta diálogo por incomparecencia de una de las partes, es decir, cuando la Administración vuelve a las andadas, reconforta comprobar que se podrían poner en marcha algunos mecanismos que recuerdan aquella demostración de fuerza. Siguiendo con el asunto de la modificación del Reglamento de Armas, la RFEC ha enviado una carta a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, fechada el 15 de octubre y por la que se le traslada la preocupación con la que los cazadores asisten a la imposición de más restricciones para el ejercicio de la caza, y el descontento existente «por la deriva que está adquiriendo todo lo relativo a las armas, su posesión, transporte, revocación y no renovación de los permisos de armas, limitaciones y restricciones cada vez más acusadas que inciden directamente en este gran colectivo, que cuenta con más de un millón de personas en nuestro país». También se le comunica al ministro que cuando la Federación y otras instituciones y asociaciones se han dirigido a su Departamento para exponer las quejas de los cazadores, la respuesta ha sido «poco edificante». La carta, que firma Andrés Gutiérrez, termina diciendo: «Como ministro del Interior es la última instancia a la que podemos recurrir, dada la falta de respuesta a nuestros problemas. Siempre hay que agotar todas las vías de diálogo posibles antes de buscar otras situaciones que al final sólo traen conflictos». No podemos estar más de acuerdo. Hay que agotar las vías de diálogo y evitar el conflicto siempre que sea posible. Pero conviene dejar claro que, siendo el diálogo cosa al menos de dos, cuando uno no atiende las razones del otro, ese otro está legitimado para poner en marcha las posturas de fuerza que el Estado de Derecho y la Democracia amparan.
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