Los cazadores exigen la devolución de los terrenos públicos

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De hecho, el coste del uso de estos terrenos es directamente proporcional al número de aficionados con posibilidades, de manera que el precio de un coto privado actualmente sigue las pautas marcadas por la ley de la oferta y la demanda y asciende al menos a 1.400 euros. Esta no es la primera vez que se movilizan los cazadores afectados por una ley «desprestigiadora», tal y como subraya el presidente de Los Desprotegidos, José Agulocho. Un colectivo que respaldó la manifestación de 2005 en la capital hispalense, a pesar de que propusieran sin éxito a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, el pago de una licencia de caza pagando un canon equivalente a 15 euros, que beneficiaría al organismo con seis millones de euros al año, teniendo en cuenta que la población cazadora andaluza asciende a 400.000 amantes de este deporte social. La respuesta no se hizo esperar, y fue en septiembre de 2005 cuando el director general de Medio Ambiente, José Guirado, les comunicó que sus propuestas serían tenidas en cuenta, pero que debían acogerse al artículo 45 de la Ley de Fauna y Flora, por la que podrían cazar en zonas tipificadas de «caza controlada». Una promesa de reciclaje de suelos por la que llevan tres años esperando y cuyas peticiones han sido escuchadas por la parlamentaria popular, Carolina González Vigo.