Tres personas han sido denunciadas por abatir zorzales utilizando reclamos electrónicos, un método prohibido por la normativa cinegética. La intervención, realizada por los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, se ha saldado con el decomiso de las armas empleadas, los dispositivos electrónicos y las aves abatidas.
Según han informado los propios Agentes Forestales a través de sus canales oficiales, los tres denunciados utilizaban reclamos electrónicos para atraer y disparar a los zorzales.
Reclamos electrónicos para atraer zorzales: un método prohibido
Los reclamos electrónicos son dispositivos capaces de reproducir artificialmente sonidos de aves, como sus cantos o llamadas, con el objetivo de atraer ejemplares hacia una determinada zona. Estos aparatos pueden emitir vocalizaciones de la propia especie para favorecer la aproximación de aves que se encuentran en los alrededores. Su utilización está prohibida porque altera artificialmente el comportamiento de la fauna y proporciona una ventaja mediante un procedimiento no autorizado.
La prohibición afecta al empleo de estos dispositivos electrónicos, cuya utilización no debe confundirse con otras formas de reclamo tradicional que puedan estar autorizadas en determinadas modalidades y circunstancias.
Los Agentes Forestales intervienen las armas y las piezas abatidas
La actuación de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid se enmarca en las labores de vigilancia y control de la actividad cinegética que desarrollan estos efectivos sobre el territorio. Los agentes, que tienen condición de agentes de la autoridad, desempeñan funciones de policía administrativa y de investigación de infracciones relacionadas con la protección del medio natural y la fauna silvestre.
En este caso, la intervención de las armas, los reclamos electrónicos y las piezas abatidas permite documentar los medios utilizados y los resultados de la actividad cinegética investigada.
¿Qué sanciones pueden afrontar los denunciados?
La utilización de métodos prohibidos puede dar lugar a sanciones administrativas, cuya cuantía y consecuencias dependen de la normativa aplicable en el momento de los hechos y de la calificación de la infracción. La Comunidad de Madrid ha aprobado recientemente la Ley 4/2026, de 2 de julio, de Caza y Pesca, que contempla un régimen sancionador con multas económicas y posibles consecuencias sobre las licencias de caza. No obstante, esta nueva ley entrará en vigor el 7 de enero de 2027.
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