El tribunal no ha concluido que la caza de estas especies sea ilegal, ni ha establecido mediante sentencia que las poblaciones no puedan ser objeto de aprovechamiento cinegético. Lo que ha hecho es acordar una medida cautelar que impide temporalmente la actividad mientras continúa la tramitación del recurso presentado contra la normativa madrileña.
Especies afectadas
La suspensión afecta a la caza de perdiz roja, codorniz común, becada, zorzal alirrojo, zorzal real, paloma zurita, paloma bravía, corneja negra y urraca, en los términos comunicados por SEO/BirdLife, que promovió el recurso. La medida comienza a tener efectos coincidiendo con el inicio del periodo hábil señalado en la Orden 2511/2026.
Una medida provisional, no una anulación de la Orden de vedas
El origen del conflicto se encuentra en la Orden 2511/2026, de 25 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, que establece las limitaciones y épocas hábiles de caza para la temporada 2026-2027.
SEO/BirdLife ha recurrido determinados aspectos de esta disposición y solicitó al TSJM que adoptara medidas cautelares mientras se resuelve el procedimiento principal.
El tribunal ha atendido provisionalmente esa petición. Pero la decisión tiene un alcance muy distinto del que podría desprenderse de titulares como «el TSJ de Madrid prohíbe la caza».
La Orden 2511/2026 no ha sido anulada.
Tampoco existe todavía una sentencia que declare contrarios a derecho los periodos, especies o condiciones de caza cuestionados.
La cuestión de fondo tendrá que resolverse posteriormente mediante la correspondiente resolución judicial. Hasta entonces, la suspensión cautelar pretende evitar que durante la tramitación del proceso pueda producirse un perjuicio que, en caso de que finalmente prosperase el recurso, resultase difícil o imposible de reparar.
Ese es precisamente uno de los objetivos de las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso-administrativa.
El tribunal interviene antes de resolver quién tiene razón
Otro elemento especialmente relevante es el momento procesal en el que se adopta la decisión.
Según la información difundida por SEO/BirdLife, la Sala ha acordado inicialmente la suspensión y ha dado a la Comunidad de Madrid un plazo de tres días para formular alegaciones.
Esto significa que la decisión cautelar se ha producido antes de que la Administración haya podido exponer sus argumentos frente a la petición de suspensión, al menos en esta fase inicial del procedimiento.
Desde el punto de vista periodístico y jurídico, por tanto, conviene hablar de una decisión cautelar adoptada con carácter urgente y, salvo que el texto íntegro del auto establezca otra fórmula procesal, de una actuación próxima a lo que habitualmente se denomina medida cautelarísima o adoptada inaudita parte. La Administración todavía puede defender ante la Sala la legalidad de la Orden y solicitar el levantamiento o modificación de la medida. Posteriormente, el tribunal deberá continuar examinando el recurso principal.
¿Por qué puede suspenderse una actividad antes de decidir si es legal?
La finalidad de una medida cautelar es precisamente evitar que el tiempo que tarda un procedimiento judicial en resolverse haga inútil una eventual sentencia favorable.
En este tipo de procedimientos entran en juego conceptos como el periculum in mora, es decir, el riesgo de que la demora propia del proceso pueda ocasionar un perjuicio relevante, y la ponderación entre los diferentes intereses afectados.
En este caso existe además un elemento temporal evidente: la temporada cinegética tiene una duración limitada. Si la caza de las especies cuestionadas se desarrollara durante toda la temporada y años después una sentencia determinase que determinados aspectos de la orden eran contrarios a derecho, la sentencia llegaría cuando las capturas ya se hubieran producido y, por tanto, no podría restituir materialmente esa situación.
SEO/BirdLife fundamenta su petición precisamente en el posible perjuicio para las poblaciones de las especies afectadas y en la necesidad de aplicar un criterio preventivo ante lo que considera insuficiencias en la información disponible.
Pero aquí vuelve a ser fundamental distinguir entre las alegaciones de la organización ecologista y la decisión definitiva del tribunal. Que la Sala haya considerado procedente adoptar una medida provisional no significa que haya dado por demostradas todas las afirmaciones de SEO ni que haya resuelto el litigio científico sobre el estado de las poblaciones de estas aves.
La apariencia de buen derecho tampoco equivale a una sentencia favorable
En los procedimientos cautelares puede entrar también en juego la denominada apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), aunque su utilización y alcance deben determinarse a partir del contenido concreto del auto.
Si la Sala ha apreciado provisionalmente que los argumentos jurídicos del recurso presentan suficiente consistencia para justificar la protección cautelar solicitada, esa valoración tampoco equivale a afirmar que SEO/BirdLife vaya a ganar el procedimiento principal.
Es una valoración realizada en una fase procesal distinta y con una finalidad concreta: decidir si resulta necesario preservar provisionalmente la situación hasta que exista una resolución sobre el fondo. Por eso, no debería utilizarse la medida cautelar como prueba de que el tribunal ya considera ilegal la caza de estas nueve especies.
La Comunidad de Madrid todavía tiene margen para defender su normativa
La Administración madrileña tendrá que explicar ante el tribunal las razones que llevaron a establecer los periodos y condiciones de aprovechamiento cinegético recogidos en la Orden 2511/2026, así como la documentación técnica y científica utilizada para fundamentarlos.
Este punto puede resultar decisivo cuando se resuelva el recurso principal.
La controversia no se limita, por tanto, a determinar si existe o no una prohibición temporal. El verdadero debate judicial será conocer si la Comunidad de Madrid justificó suficientemente desde el punto de vista jurídico y científico las decisiones adoptadas en su orden de vedas y si esa justificación resulta compatible con la normativa aplicable a la conservación de las aves silvestres.
Será también relevante comprobar qué peso concede el tribunal a los informes científicos aportados por cada parte.
La suspensión no afecta a toda la caza madrileña
Otro aspecto que conviene dejar claro es que la resolución no supone una suspensión general de la actividad cinegética en Madrid.
La medida se refiere a las nueve especies objeto de la impugnación y en los periodos concretos señalados. El resto de la actividad cinegética regulada por la normativa autonómica no queda automáticamente paralizada por esta decisión.
Además, según la información facilitada por SEO/BirdLife, existen determinadas excepciones relacionadas con cacerías de suelta autorizadas o comunicadas y cotos comerciales, en los términos establecidos por la resolución.
El verdadero desenlace llegará con la sentencia
El episodio judicial tiene, por tanto, dos fases claramente diferenciadas.
La primera es la que acaba de producirse: una decisión provisional destinada a evitar que la celebración de la temporada pueda frustrar los efectos de una eventual sentencia favorable al recurso.
La segunda, todavía pendiente, será la verdaderamente decisiva: el tribunal deberá pronunciarse sobre la legalidad de los preceptos recurridos de la Orden 2511/2026.
Solo entonces podrá saberse si esas disposiciones son anuladas o si, por el contrario, la Comunidad de Madrid puede mantenerlas.
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1 comentario
Amo la naturaleza en todo su conjunto y, en éste país muchos indeseables la destruyen sin que sean castigados como se merecen.
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