El expediente, iniciado en 2021, acabó concretando la existencia de 44 perros que no figuraban correctamente dados de alta en el sistema autonómico de identificación animal. La resolución judicial respalda las medidas cautelares adoptadas por la Administración, entre ellas la baja del núcleo zoológico y el traslado de los animales a otro establecimiento autorizado.
Una investigación del SEPRONA desencadenó el expediente
El origen del caso se encuentra en una actuación del SEPRONA de la Guardia Civil comunicada a la Junta el 14 de abril de 2021. La investigación estaba relacionada con las diligencias previas 170/2021 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Illescas y con varios problemas sanitarios detectados en animales comercializados por el establecimiento.
El informe policial recogía distintas deficiencias: ausencia de determinados registros sanitarios, problemas en la documentación de medicamentos, animales con patologías, falta de espacio y otras condiciones que, según los agentes, podían comprometer el bienestar de los perros. También se hacía referencia a 41 denuncias relacionadas con el conjunto de establecimientos investigados. Pero no todas las irregularidades descritas inicialmente por el SEPRONA terminaron convirtiéndose en infracciones administrativas acreditadas.
La Junta ordenó la baja del núcleo y el traslado de los animales
El 17 de mayo de 2021, la Administración autonómica adoptó medidas provisionales: la baja del establecimiento del Registro de Núcleos Zoológicos y el traslado de los animales a un centro autorizado. Posteriormente, el 1 de junio, se inició el procedimiento sancionador 45AD210056, manteniéndose las medidas cautelares. Las actuaciones veterinarias pusieron el foco en cuestiones relacionadas con la identificación y registro de los perros, además de la colaboración durante las inspecciones.
El expediente terminó concretando en 44 perros las deficiencias de alta en el Sistema de Identificación Individual Animal de Castilla-La Mancha (SIIA-CLM). La falta de identificación fue considerada una infracción grave, mientras que la falta de colaboración con los inspectores fue calificada como infracción leve.
El cierre llegó a los tribunales
Tiendamascotas recurrió las medidas adoptadas por la Junta y el procedimiento llegó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Toledo, dentro del procedimiento ordinario 389/2021. El juzgado dictó el 20 de octubre de 2022 la Sentencia 247/2022, que desestimó el recurso de la empresa y confirmó la legalidad de las medidas provisionales. La resolución corresponde al ECLI ES:JCA:2022:7897 y al CENDOJ 45168450012022100294.
El tribunal consideró que la Administración podía adoptar medidas preventivas para proteger a los animales mientras se tramitaba el expediente. Además, descartó que existiera una vulneración del principio non bis in idem por la coexistencia de las actuaciones administrativas y la investigación penal.
Una multa de 5.600 euros y ocho meses sin poder registrar otro núcleo
El procedimiento administrativo terminó con una multa de 5.600 euros, además de la baja del núcleo zoológico y la imposibilidad de volver a registrarlo durante ocho meses, descontando el periodo correspondiente al cierre cautelar, según la información publicada por Animal's Health.
El caso presenta además un elemento empresarial relevante: Tiendamascotas S.L. fue disuelta voluntariamente el 30 de marzo de 2022, varios meses antes de que el juzgado dictara su sentencia sobre las medidas cautelares. El Registro Mercantil publicó posteriormente el nombramiento del liquidador.
Cinco años después, el caso llega al TSJ
La controversia judicial continuó hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ahora vuelve a respaldar la actuación cautelar de la Administración.
La Sala considera que las medidas estaban justificadas por las circunstancias acreditadas durante el procedimiento y rechaza que el cierre supusiera una sanción anticipada. Su finalidad era preventiva: proteger a los animales mientras se resolvía el expediente.
La resolución conocida en septiembre de 2026 desestima el recurso de la empresa, mantiene el criterio favorable a la actuación de la Junta e impone las costas con un límite de 1.500 euros. La sentencia, no obstante, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El expediente deja así una trayectoria de más de cinco años: una investigación del SEPRONA en 2021, medidas cautelares de la Junta, 44 perros con deficiencias de identificación, una multa de 5.600 euros y dos instancias judiciales que han avalado la intervención administrativa.
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