Desde el principio de año hasta este 11 de agosto se han producido en España más de 400 incendios forestales que han quemado 257.237 hectáreas, según los datos provisionales del Sistema de información europeo de incendios forestales, que mide la extensión de los fuegos a partir de imágenes satelitales.
El mayor de estos incendios se declaró a finales de julio en Burgohondo y se fusionó con focos de la Sierra Oeste de Madrid y Toledo, devastando cerca de 55.500 hectáreas. El incendio de Niebla, que aún se encuentra activo, ya ha calcinado 25.000 hectáreas y ha obligado al desalojo de 700 personas.
Efectivos de la Guardia Civil ayudan a un vecino de El Madroño a evacuar a sus perros de una finca desalojada por la cercanía de las llamas.
La cordura por encima de la burocracia
Víctor Villalobos, presidente de la Asociación Hermandad Española de Guardas Rurales, muestra en este artículo el sentir del mundo rural ante la mala gestión forestal y el abandono del campo por parte de las administraciones.
«Imaginemos una situación que, aunque pueda parecer hipotética, puede ocurrir en cualquier finca, vivienda o explotación situada junto al medio rural.
Un árbol está enfermo, seco, inclinado o presenta ramas de grandes dimensiones sobre una vivienda. El propietario considera que existe un riesgo evidente para las personas y para su patrimonio.
No actúa por su cuenta.
Hace lo correcto.
Solicita autorización para talarlo.
Y la respuesta de la Administración es:
DENEGADO.
Y entonces aparece la pregunta que todos deberíamos hacernos:
¿Y quién se hace responsable si ese árbol termina cayendo sobre la casa?
La responsabilidad jurídica dependerá de cada caso y de las circunstancias concretas. Habrá que determinar quién tenía la responsabilidad sobre el árbol, quién tenía competencia, si el riesgo había sido advertido, qué documentación se presentó, qué resolución se dictó y si existió una relación entre la actuación administrativa y los daños producidos.
Pero hay una cuestión que debería estar por encima de cualquier discusión jurídica:
Si existe un riesgo real, ese riesgo no desaparece porque se deniegue un permiso.
El árbol continúa ahí.
La vivienda continúa ahí.
Las personas continúan viviendo allí.
Y el peligro sigue existiendo».
Cazadores proporcionan agua a los animales que han sobrevivido al incendio de Niebla.
Nuestros montes, nuestros bosques y nuestro arbolado necesitan protección
«La normativa ambiental es necesaria y los propietarios tienen que cumplirla.
Pero proteger el medio ambiente no puede significar ignorar un peligro evidente para una vivienda o para las personas.
Si un árbol supone un riesgo y la Administración considera que no puede talarse, perfecto.
Pero entonces debe existir una alternativa.
- Una poda.
- Un tratamiento.
- Un apeo controlado.
- Un sistema de aseguramiento.
- Una actuación técnica.
- Lo que determinen los profesionales competentes.
Pero alguna solución debe existir».
Prevenir un incendio también es proteger el patrimonio
«La misma situación se produce con los desbroces preventivos.
Hay propietarios que quieren limpiar la vegetación existente alrededor de sus viviendas, caminos, naves o instalaciones porque saben perfectamente lo que significa tener una enorme cantidad de combustible vegetal alrededor cuando llega el verano.
- Matorral.
- Hierba seca.
- Zarzas.
- Ramas.
- Restos vegetales.
- Vegetación continua.
Y cuando el propietario intenta actuar, descubre que determinadas actuaciones están sometidas a autorización o a otros requisitos administrativos.
La pregunta vuelve a ser la misma:
Si queremos que los ciudadanos prevengan los incendios, ¿por qué no facilitamos que puedan hacerlo legalmente?
No se trata de permitir que cada uno haga lo que quiera.
Se trata de establecer procedimientos claros, rápidos y proporcionados.
- Solicitar.
- Valorar.
- Autorizar cuando proceda.
- Ejecutar correctamente.
Eso es prevención».
No es lo mismo talar que gestionar
«Existe también una enorme diferencia entre una tala indiscriminada y una actuación preventiva.
Eliminar un árbol muerto o peligroso no es destruir un bosque.
Podar selectivamente no es acabar con el arbolado.
Desbrozar alrededor de una vivienda no es destruir el medio natural.
Crear una discontinuidad de combustible no significa estar contra la naturaleza.
Al contrario.
Gestionar correctamente la vegetación puede salvar vidas, viviendas y también el propio monte.
Porque cuando un incendio encuentra una masa continua de combustible, su comportamiento puede cambiar completamente.
Y entonces ya no estamos discutiendo sobre si se podía podar una rama.
Estamos hablando de evacuaciones, medios de extinción, viviendas amenazadas y hectáreas quemadas».
¿Qué debe hacer el propietario ante las trabas de la administración?
«Ante una situación de riesgo, lo primero es actuar con responsabilidad y dejar constancia.
- Fotografiar el árbol.
- Documentar su estado.
- Fotografiar su proximidad a la vivienda.
- Solicitar la actuación por escrito.
- Aportar, cuando sea necesario, un informe técnico.
Y si la Administración deniega la actuación, formular una pregunta muy sencilla:
«Si no se autoriza la actuación solicitada, ¿qué medida preventiva alternativa debe adoptarse para eliminar o reducir el riesgo existente para las personas y los bienes?»
Y pedir que la respuesta quede por escrito.
Porque si después ocurre el accidente, será importante poder acreditar que:
- El riesgo había sido detectado.
- El propietario había advertido de él.
- Se había solicitado actuar y se había seguido el procedimiento legal.
Si finalmente el árbol cae.
Entonces habrá que estudiar todas las circunstancias.
No puede afirmarse automáticamente que la responsabilidad sea del propietario ni tampoco que sea de la Administración.
Habrá que analizar el caso concreto.
Pero sí podemos decir algo con claridad:
La documentación será fundamental.
- Solicitud registrada.
- Resolución.
- Fotografías.
- Informes.
- Comunicaciones.
- Advertencias.
Todo debe conservarse.
Porque prevenir también significa dejar constancia de que se intentó prevenir».
La administración no es enemiga del medio ambiente
«Aquí no debería existir una guerra entre ecologistas y propietarios, entre Administración y ciudadanos, ni entre conservación y prevención.
Todos deberíamos perseguir el mismo objetivo:
Proteger las personas, proteger las viviendas y proteger nuestro patrimonio natural.
La Administración debe controlar.
El propietario debe cumplir.
Los técnicos deben valorar.
Y todos debemos asumir nuestra responsabilidad.
Pero la burocracia no puede convertirse en un obstáculo insalvable cuando existe un riesgo acreditado.
Si una actuación no es legalmente posible, debe explicarse el motivo.
Y, cuando exista una alternativa viable, debe indicarse al ciudadano qué puede hacer para reducir el riesgo.
Porque un expediente no apaga un incendio y una resolución no detiene un árbol que se está cayendo».
La prevención no puede llegar tras el desastre
«Después de un incendio todos hablamos de prevención.
Después de que un árbol caiga sobre una vivienda todos buscamos responsabilidades.
Después de perder una finca, una casa o una explotación todos nos preguntamos cómo pudo ocurrir.
Pero la prevención se hace antes.
Cuando todavía estamos a tiempo.
Por eso necesitamos procedimientos administrativos ágiles, técnicos y razonables que permitan actuar ante riesgos reales sin convertir cada actuación preventiva en una carrera de obstáculos.
No se trata de eliminar controles.
Se trata de hacer compatibles la protección ambiental, la seguridad y el sentido común.
Porque un árbol puede tardar décadas en crecer.
Una casa puede representar el trabajo de toda una vida.
Y una vida humana no se puede recuperar».
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