La caza social, en venta al mejor postor

Parece, por la información que se maneja en la provincia, que la Diputación Provincial de Guadalajara lleva un tiempo instando a un número considerable de ayuntamientos a licitar mediante subasta los cotos de caza de montes públicos para obtener el mayor rendimiento económico a sus aprovechamientos, al contrario de lo que es el deseo en muchos de esos ayuntamientos, que no valoran tanto el aspecto económico como el social, la tranquilidad, el alejamiento del mercantilismo de sus montes o mantener una buena relación de convivencia en sus pueblos. Convivencia que puede verse rota por la asistencia de personas que no ven esos montes, sus campos y los pueblos, con los mismos ojos que ellos.

Los cazadores locales, que llevan décadas cuidando y conservando los hábitats y las especies que allí viven, ven cómo empresas con claros y únicos objetivos mercantilistas, así como cazadores foráneos sin vínculo alguno con cada pueblo, compran y se hacen con los derechos de explotación cinegética.

La caza social en Castilla-La Mancha: contradicciones extremas

En Castilla-La Mancha existen actualmente 9 cotos sociales de caza. Se trata de terrenos de titularidad pública que están gestionados por la Junta de Comunidades para, como nos destacan desde la Administración, «fomentar la práctica cinegética en igualdad de oportunidades». Se encuentran en Toledo (2), Ciudad Real (5) y Albacete (2). Una prioridad que desde la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha insisten en reiterar en sus respuestas a los cuestionarios que hemos planteado desde la redacción de Club de Caza. Como nos cuentan, «desde Castilla-La Mancha se está impulsando el aspecto más social de la caza buscando que sea accesible a todos los cazadores y cazadoras que quieran ser partícipes de la actividad cinegética, favoreciendo la incorporación de jóvenes y mujeres, o potenciando en los montes públicos actividades pioneras como, por ejemplo, la certificación FSC de la carne de caza procedente de esta actividad».

Los datos hablan de 12.000 solicitudes de cazadores para participar en monterías y recechos destinados, en datos de 2025, a unos 550 permisos para la primera modalidad citada y 62 para recechar ciervo o cabra montés. Una iniciativa loable, que aún queda lejos de esa intención de hacer la caza «accesible a todos los cazadores y cazadoras». Mucho más si atendemos a la problemática que tratamos. Esa misma Administración autonómica habla de una posición frente a la caza social «avalada con hechos», pero a continuación nos reconocen la causa principal del grave problema al que se enfrentan los cazadores regionales, los de sus pueblos, al añadir lo siguiente: «Por lo tanto, consideramos que el modelo de caza social promovido por el Gobierno regional está muy claro, y, como señalábamos, consideramos la caza como uno de los motores económicos y sociales del medio rural de Castilla-La Mancha». Aunque a la hora de la verdad, parece que el dinero está por encima, o quiere estarlo, de la caza social. Vamos a profundizar en este peliagudo asunto.

La caza social, vendida al mejor postor

Como parte de un aprovechamiento mayoritariamente forestal, la actividad cinegética en Castilla-La Mancha ha estado siempre ligada a las sociedades locales de cazadores, siendo en muchos casos uno de los principales motivos para evitar el éxodo rural, la despoblación y todos los preocupantes problemas rurales que existen en una provincia como Guadalajara, cuyos pueblos se vacían. Los ayuntamientos, como responsables de la contratación de los aprovechamientos forestales, han concedido tradicionalmente a las sociedades locales de cazadores, mediante un contrato administrativo especial o un procedimiento negociado, su gestión, lo que ha permitido que durante décadas la actividad cinegética se haya convertido en algo inherente a esas tierras, su cultura, arraigo y se haya posicionado como un elemento más para el desarrollo social de zonas realmente despobladas.

Pero a la redacción de Club de Caza nos han llegado informaciones que revelan que hay ayuntamientos, concretamente aquellos cuya secretaría depende del SAM (Servicio de Atención al Municipio) de la Diputación Provincial de Guadalajara, a los que les están rechazando esta opción. Paralelamente, les instan a tomar una dirección que culmina en la realización de concursos o subastas públicas, lo que se está traduciendo en la adjudicación de los cotos de caza a cazadores o asociaciones foráneas y, lo que es realmente preocupante, empresas comerciales, cuya consecuencia lógica consistirá en la desaparición de las sociedades locales de cazadores. Algo que es justo lo contrario a lo que en los propios pueblos quieren, donde prefieren contar con cazadores que conocen y aportan a sus municipios, que están o se vinculan a la actividad cotidiana de los pueblos.

Esto parece no tener lógica en la política que defiende la Consejería de Desarrollo Sostenible, que nos reconoce que no era consciente de «la problemática existente en varios cotos de la provincia de Guadalajara», asegurándonos que han «contactado directamente con la Diputación de Guadalajara para tratar de aclarar el asunto». También nos repiten que «desde la Consejería se promueve un aprovechamiento cinegético vinculado al territorio, por lo que proponemos siempre soluciones que integran a las sociedades locales de cazadores». Algo que choca frontalmente con el resultado de las investigaciones realizadas por esta redacción y que se puede comprobar consultando las bases de datos de las múltiples licitaciones de cotos de caza con suelos en montes públicos que se están realizando actualmente o se han completado ya.

Primer ejemplo: Huertapelayo, gestionado por su asociación de vecinos

Hablamos con Jesús, secretario de la Asociación de Hijos y Simpatizantes de Huertapelayo. Se trata de una asociación compuesta por 420 socios, que conforman la mayoría de vecinos del pueblo. Nos comenta que el de Huertapelayo es un coto que lleva más de 50 años en manos de esta asociación. Este año se han encontrado con la intención del ayuntamiento de sacar a licitación pública el aprovechamiento de la caza. ¿El motivo? Evidentemente económico. Si los vecinos no son capaces de afrontar el sistema de puntuación, con el 60% dominado por la oferta económica, una empresa foránea se hará con los derechos cinegéticos. Jesús lo tiene claro, lo que quiere el ayuntamiento es sacar más dinero. Pareciendo no importarle que la asociación destine todo el dinero que pagan los cazadores en inversiones y mejoras en el municipio. Sin ir más lejos, el verano pasado la asociación, con parte del dinero que dio el coto, mejoró la captación de agua de la que se surte el pueblo. Se adquirieron dos motores de agua para las situaciones en las que no llega suficiente, para así subir agua desde un manantial al depósito municipal, y se realizaron otras mejoras en el pueblo, ventajosas para todos sus vecinos.

Pan para hoy y hambre para mañana

«La asociación invierte todo el dinero en el pueblo y, además, facilitamos muchas tareas al ayuntamiento», confirma el representante, que describe la situación acudiendo al refranero: «No quiero pan para hoy y hambre para mañana. Me interesa el porvenir del pueblo. Se habla de miles de euros por hectárea... Pero esto es un ingreso hoy que se queda el ayuntamiento y dentro de 4 años puedes tener un coto sin caza, esquilmado, y sin que aporte más dinero. Si nos quitan la caza, a la asociación no le llegará el dinero, no lo gestionaremos y no sabemos si podremos cumplir todas las funciones sociales que llevamos a cabo en la actualidad. Nosotros creemos que gastamos ese dinero en lo más necesario para el pueblo y sus vecinos, ya que lo vivimos día a día con ellos. ¿Quién se va a quedar con esos cotos? ¿Quién los gestionará? ¿Qué pasará tras los años que lo gestionen si la gestión, como ha ocurrido en otros pueblos, no es buena, o incluso si los adjudicatarios, como ocurre en ocasiones en Guadalajara, se van sin pagar?».

Jesús cuenta que cuidan la caza con una gestión escrupulosa basada en la conservación y la viabilidad de la actividad cinegética. Se organizan monterías que activan la economía local, trabajan en una agricultura sostenible y coordinada entre agricultores y cazadores para que reine la consonancia entre ambos sectores tan relacionados. Pero todo esto puede acabar. Como sigue contando, «Nuestro pueblo está anexionado al municipio de Zaorejas. La normativa especificaba que los aprovechamientos del monte correspondían a los vecinos del pueblo para que mantuviese sus propios recursos. Es un convenio que, encima, está revirtiendo en un carácter social para el pueblo. Ahora el ayuntamiento pretende que le cedamos la titularidad del coto. Pero la gente no quiere porque es lo único que les queda suyo, del pueblo. Hasta ahora no han sacado a licitación porque los cotos no son de su propiedad. Los contratos firmados tradicionalmente, el último hace 4 años, y que los distintos alcaldes siempre han concedido a la asociación por el arraigo que la caza tiene en el pueblo, no sirven hoy. Ahora, tras cincuenta años, argumentan que no eran legales, que hay que licitar... pero esto no se ajusta a la realidad».

La alternativa legal para que la caza quede en los pueblos

Para hablar de este tema legal, nadie mejor que Jorge Bernad, abogado especializado en todas las cuestiones jurídicas relacionadas con el medio rural, en especial derecho de caza y medio ambiente, con más de 35 años de experiencia. Nos revela que existe una alternativa administrativa que mantendría la caza en las sociedades locales ante esa prioridad que parte desde la Diputación de Guadalajara de optar por subastas públicas. Habla del Artículo 168.a) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). Se trata de un procedimiento negociado sin publicidad que regula la adjudicación de contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad, amparándola en determinados supuestos. Bernad nos habla del caso en que no hay competencia por razones técnicas: «Si es una sociedad de cazadores local la que ha tenido arrendada la gestión cinegética y del acotado durante años, que llegue otra entidad a realizar lo mismo no aporta seguridad para que se asegure la viabilidad del sistema. Si la sociedad local de cazadores quiere seguir con esa gestión, es la que cumple de manera óptima esos requisitos. Parto de la base de que el local es el que mejor gestiona su propio recurso. Un cazador local lo conoce mejor, lo va a defender de manera más efectiva porque es suyo. Y se enfrentan al riesgo de que gente o empresas que no conocen los terrenos, que no tienen por qué actuar de manera negativa, pero, como digo, existe el riesgo de que sobreexplote el recurso por rendimiento, porque ha pagado más y precisa obtener más beneficios».

Jorge nos habla de «muchos casos» en los que los cazadores del pueblo ya no pueden acceder al coto donde practicaban su afición desde hacía décadas. «La mayoría, curiosamente, en Guadalajara».

No nos cuesta encontrar otro pueblo que, además de estar esperando que les quiten el coto, tiene la actividad cinegética totalmente paralizada por razones administrativas y, lo más curioso, es que esta circunstancia solo se da en Guadalajara. ¿Es lógico y normal que en una comunidad autónoma con distintas provincias, solo en una de ellas los criterios establecidos no solo sean diferentes a los del resto, sino que sean antagónicos, opuestos, a los establecidos en las otras? ¿Es normal o esto puede responder a intereses personales o particulares que desembocan en esta situación?

Una licitación que les puede dejar sin coto

Otro caso, y muy grave, es el de una sociedad deportiva de cazadores arriacense que lleva más de tres décadas gestionando un acotado en el que una parte importante es de monte público. Este año les negaron la renovación cuatrienal del contrato sobre el aprovechamiento cinegético. La secretaria del ayuntamiento les informó de que el procedimiento variaba radicalmente, entrando en juego la licitación que ya había afectado a varios pueblos del entorno de este. Les dijeron que se trata de un proceso por puntos, con 70 atribuidos a la oferta económica del mejor postor y otros 30 sujetos al arraigo local. Esto les da cierta ventaja a los cazadores locales... siempre y cuando puedan permitirse responder a la oferta de una supuesta empresa que llegue decidida a quedarse con la caza y la explotación del único recurso que todavía puede tener el medio rural para sobrevivir.

Este motivo de peso es el que condiciona la entrevista que realizamos al representante de estos cazadores y que dejará en el anonimato tanto a él como al pueblo. Lo realmente importante es el impacto que la decisión del ayuntamiento está ocasionando en el municipio, no solo en sus cazadores. La caza está totalmente paralizada hasta que se resuelva una situación administrativa descrita como «lenta» por el cazador. No se ha cazado el corzo ni se están realizando esperas al jabalí. Negocios locales y agricultores se ven afectados de forma indirecta y toda la economía de la zona se ve afectada. «En el pueblo hay varias casas rurales. Una de ellas ha cesado la actividad. No ha podido afrontar la falta de ingresos de los cazadores del pueblo que viven fuera, pero que acuden a cazar los fines de semana, en sus vacaciones o cuando la temporada se lo permite. Estos cazadores locales vinculados a la zona llenan estos establecimientos hoteleros, consumen en los bares locales, en las tiendas de la zona... Y esto lo han paralizado totalmente. Incluso la gente del pueblo nos para por la calle y nos pregunta dónde están esos cazadores y por qué ya no vienen», nos comenta desde su anonimato.

De igual forma, los campos agrícolas, masacrados por los daños, llevan a sus propietarios a preguntar la razón por la que no se realizan esperas a los pies de sus siembras. Por qué no se controla al jabalí. Sin saber que los cazadores locales ya no pueden hacerlo a pesar de su intención de colaborar.

La Diputación responde que la caza en los montes públicos hay que licitarla

Como nos han confirmado otros responsables de clubes y sociedades de cazadores o asociaciones de vecinos locales, este cazador nos asegura que desde la Diputación les han explicado que «la caza en montes públicos se debe licitar». Hablan y centran desde los despachos que la caza es un bien municipal. De algo a lo que hay que sacarle rendimiento únicamente económico, no social, no real. Aunque para ello haya que quitársela a los cazadores locales, esos que llevan largo tiempo cuidándola, para vendérsela a los que más paguen. Muy lejos de la postura que plantean desde la Consejería en su alegato a favor de la caza social, de la gestión del medio rural por sus interesados reales, por sus vecinos y habitantes, cada vez más escasos.

Este cazador y presidente de otros muchos aficionados nos comenta lo que está viendo en cotos vecinos desde hace pocos años: «Conozco cotos que han estado arrendados 4 o 5 años y cuando los dejan esos arrendatarios de fuera los propios cazadores locales no los quieren porque los dejan arrasados, amén de la cantidad de veces en que los dejan antes de tiempo, sin liquidar lo acordado, una vez esquilmados y con base en cualquier excusa para no pagar. Esos cotos se pierden tras ahogarlos. Nosotros llevamos más de tres décadas gestionando, adaptando los cupos normativos a la realidad de esos montes...». También nos explica otro problema añadido a la reducción de ingresos en estos cotos por el cambio de modelo de aprovechamiento de la caza: «Lo que yo he comprobado es que estas orgánicas, empresas que solo buscan su beneficio económico, se basan en ofrecer recechos, no monterías. Incluso anuncian que en los cotos que cogen no se organizarán monterías hasta el quinto año para incentivar la venta de recechos, que proporciona más ingresos, teóricamente, a la zona. Pero la realidad es distinta, se traduce en que vienen menos cazadores al pueblo y se reduce enormemente la aportación a la economía social municipal. Conozco de primera mano un coto que se gestiona a través de una orgánica en un pueblo vecino y que no deja beneficio alguno en el municipio. El ayuntamiento lo sacó a licitación y los cazadores locales se quedaron sin poder salir al coto donde habían cazado toda la vida. Eso sí, el ayuntamiento y la Diputación se llevaron más dinero que nunca repercutió en el pueblo. Sobre todo, porque el 20% de lo que se paga por la caza en montes públicos es en concepto de impuestos. Una parte vuelve al ayuntamiento. Por todo esto se entiende el interés de la Administración y de los ayuntamientos en que se licite. No es lo mismo ingresar 5.000 euros de los cazadores que 15.000 de una empresa foránea», nos comentan.

Algo que no quieren tener en cuenta unos y otros es que, aparte del dinero de los impuestos, los cazadores locales participan activamente en la vida social del municipio. Por ejemplo, la sociedad deportiva con la que hablamos financia al 100% una de las fiestas patronales, aportando económicamente a otras actividades, además de arreglar caminos y accesos al acotado, realizar siembras directas para evitar daños de la fauna en las que trabajan los agricultores locales. Y todo dentro del mundo rural también se está perdiendo o acabando con los planteamientos actuales.

En Zaorejas, por ejemplo, en el Alto Tajo, hay varios cotos de caza. Algunos están en montes públicos, lo que les ha llevado a seguir el mismo destino. Un ejemplo es el coto GU-10773, denominado «Monte el Villar», cuya licitación por parte del Ayuntamiento de Zaorejas fue adjudicada para los próximos 4 años el pasado 21 de abril a CSanchezToros SL por un importe de 103.067,80 euros. En el Villar no podrán gestionar como siempre los ingresos, que los gestionará arbitrariamente el ayuntamiento. Se ha perdido la oportunidad de que los verdaderamente interesados puedan gestionar unos ingresos en lo que realmente necesitan, muchas veces inversiones alejadas de lo que, como hemos dicho, arbitrariamente el ayuntamiento de Zaorejas pueda establecer.

Como no puede ser de otra manera, también encontramos situaciones acomodadas, egoístas y subjetivas de sociedades de cazadores, como con la que hemos hablado en el término de Zaorejas, donde el presidente de una asociación de cazadores locales no mira más allá de su ombligo y nos asegura que la situación no les supone problema alguno, ya que, refugiado en la adjudicación obligatoria de montes comunales, no ve peligrar las migajas que el ayuntamiento le ha dejado, no quitándole todos los cotos al verse obligados a cederles el uso de los comunales, pero sin valorar que han perdido el resto, pudiendo cazar en apenas un 30% de la zona en que antes cazaba.

No todos los cazadores están en contra de las licitaciones de los cotos de caza, ¿intereses?

Hemos hablado con un representante de ATICA Guadalajara, miembro del Consejo Regional de Caza, de la Junta Provincial de Homologación de Trofeos de Caza y… orgánico, empresario que comercializa con la caza. Queríamos conocer su punto de vista sobre el delicado asunto, y su primera respuesta ha sido categórica: «Estoy totalmente a favor de los procesos de licitaciones de los cotos que son montes públicos». Esas subastas, según opina, otorgan un valor superior a la actividad cinegética, y esos beneficios repercuten en todos los vecinos del municipio. Aunque, como hemos visto en los ejemplos en los que hemos profundizado, cuando la caza se queda en el pueblo esto también sucede. Y si bien incide en que estos procesos solo afectan a los montes públicos: «Hay que diferenciar lo privado de lo público. Si son cotos formados por tierras particulares, no tienen que salir a subastas. Es el principio de la propiedad privada». Mostrando una clara postura no a favor de los pueblos y asociados de su entidad, sino de las ventajas comerciales que, como empresario del sector cinegético, puede lograr en detrimento de la caza social de la zona, de los asociados a los que precisamente representa.

A partir de aquí, decidimos contactar con el presidente de ATICA para conocer la postura de la entidad. Francisco Plaza nos atiende amablemente y se muestra preocupado con lo que está sucediendo, más aún cuando se encuentra en pleno proceso de asesoría y colaboración con el alcalde de un ayuntamiento afectado por el problema. Respetamos que quiera omitir el nombre del mismo, pero nos cuenta lo que está sucediendo: «El problema es el dinero. Existe la obligación para los ayuntamientos de sacar a licitación pública esos montes, pero trabajamos en el caso concreto en que un alcalde quiere que las asociaciones del municipio continúen gestionando el coto. El problema recae en la manera de adjudicarles los montes públicos sin esa licitación. Lo vamos a trabajar con nuestros abogados para que se lo queden las asociaciones que lo llevan gestionando desde hace tiempo. El objetivo es que los cazadores locales no pierdan esos cotos ubicados en sus municipios. Y si hay que licitar, se estudiarán fórmulas para que el reparto de puntos les favorezca, porque conocemos casos en los que se ha hecho. Sabemos que hay pujas que hacen imposible la puja de los cazadores locales por la cantidad que llegan a ofrecer empresas foráneas».

Plaza repite que desde ATICA «vamos a empezar a trabajar y asesorar jurídicamente para que los cazadores del pueblo no pierdan sus cotos».

También existen casos como el de Torremocha del Pinar, que actualmente se encuentra en proceso de licitación de adjudicación del aprovechamiento de caza del lote I de la dehesa y pinar del municipio, con un valor estimado de 90.995,45 euros. Se trata de unos montes públicos en los que la sociedad local no ha cazado nunca, como nos confirman cazadores pertenecientes a la sociedad «San Benito». Pero el caso es que la Administración no distingue y, como hemos comprobado, la caza social está sufriendo un duro revés motivado exclusivamente por el dinero, en unos casos con mayor repercusión que en otros, problema que genera una legislación que generaliza, en lugar de analizar cada caso de forma puntual. Al contrario, hemos constatado casos en los que los ayuntamientos pretenden «cerrar» o dar de baja cotos comunales para volver a declararlos y así poder comenzar el proceso de licitación.

Los políticos responden, o no

Para conocer el calado político de esta situación, hemos querido hablar con el equipo de Gobierno de Emiliano García-Page, sobre todo para saber si desde Presidencia tienen conocimiento de lo que está sucediendo a nivel de la caza social en su Gobierno autonómico, pero nos instaron a atendernos casi treinta días después de preguntarles, aludiendo a problemas de agenda, aspecto que denota su interés en la situación y en sus votantes. Acto seguido, contactamos con Vox para lo mismo. Ya que se da la curiosa circunstancia de que Ángel López Maraver, diputado en el Congreso de los Diputados en representación de la circunscripción de Guadalajara, fue presidente de la Real Federación Española de Caza, por tanto, persona teóricamente muy vinculada al sector, pero que en lugar de ofrecernos respuestas, nos remitió a José Luis Arcángel, diputado provincial en Guadalajara, quien, mostrando interés en la situación, nos contestó que desde el equipo de Gobierno no se les ha comunicado nada al respecto y que no tenían conocimiento de estos hechos, pero quedando muy interesado al exponerle toda la problemática y asegurando que pensaba fiscalizar todo el asunto y requerir la información referida, destacando que su partido siempre luchará por defender la actividad cinegética, más aún cuando esta está ligada al medio rural como lo es la caza social. Un buen ejemplo para aplicar, de una manera más localista, esa «prioridad nacional» que se ha convertido en llave en las negociaciones en formaciones de gobiernos autonómicos, una propuesta política y principio ideológico que busca que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, empleo, vivienda pública y otros servicios y que en esta ocasión permitiría a los cazadores locales mantener sus derechos, evitando que americanos o extranjeros acaudalados y sin ningún arraigo puedan venir a cobrar sus animales.

También hemos contactado con Román García Valenciano, portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha; varios días después, seguimos esperando respuesta.

Estamos ante un problema muy grave que atañe a la caza tradicional de nuestros pueblos. La llamada caza social no volverá a ser lo mismo si se arrebatan terrenos tradicionalmente gestionados por los cazadores locales para entregárselos a quien más pague por ellos. Un problema social y rural, para el que los políticos parecen no querer encontrar solución.