El Gobierno se queda solo en la prohibición de los controles de lobos

Ayer fue una jornada clave para el futuro de los controles del lobo ibérico en nuestro país. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente reunió a responsables del ministerio con los de las autonomías para someter a votación el informe sexenal sobre la especie, correspondiente al periodo 2019-2024. Y se volvió a evidenciar la existencia de dos bandos enfrentados.

La guerra por el lobo ibérico

Por un lado, el Ejecutivo, empeñado en prohibir cualquier control poblacional del lobo, desoyendo las crecientes cifras de ataques a la cabaña ganadera. Curiosamente, ha contado con el apoyo de Cataluña.

Enfrente, las autonomías que viven el día a día de las consecuencias de la expansión poblacional del lobo, que defendieron ayer el documento técnico que certifica que las poblaciones de este depredador han alcanzado un estado de conservación favorable en las regiones Atlántica y Mediterránea de nuestro país. Se abstuvieron País Vasco y Castilla-La Mancha.

Una votación que se realiza con un año de retraso y ante la advertencia de sanción llegada de Bruselas. Nuestro país ha sido el último de todos los de la Unión Europea que no había entregado este informe de seguimiento obligatorio por la Directiva Hábitats. El Gobierno de Pedro Sánchez prefirió el silencio administrativo a conceder unos datos que actuarían en contra de sus intereses ultraconservacionistas. Una postura que ha llevado a algunas comunidades a denunciar el proceso en Europa.

Ante esta «derrota», el ministerio dirigido por Sara Aagesen ha optado por intentar desacreditar el trabajo censal de las autonomías, catalogándolo de «valoración unilateral» que no se ajusta a los criterios metodológicos de la Comisión Europea. Una «pataleta» que no evitará la obligación de enviar los datos a la Comisión Europea.

Ahora, a esperar la valoración de Europa

Habrá que esperar a la valoración que se realice desde Bruselas para saber si se retoman los controles de una especie que enfrenta de manera brutal dos intereses bien marcados: la conservación sin condiciones que pretende imponer el Gobierno y el control poblacional que defiende la viabilidad de los ganaderos cuyos animales sufren los ataques de los lobos.

Solo en Castilla y León se registraron 4.474 ataques que se llevaron por delante 6.294 cabezas de ganado y dejaron heridas a otras 585, lo que supuso a la administración autonómica pagos indemnizatorios de más de 4 millones de euros.