Estas son las causas por las que más retiran la licencia de armas y de caza en España

La competencia sobre las licencias de armas corresponde a la Guardia Civil, a través de las Intervenciones de Armas y Explosivos. La normativa establece que el titular debe mantener de forma permanente las condiciones que permitieron la concesión de la licencia.

La propia Guardia Civil explica que la autorización puede ser revocada cuando desaparecen los requisitos exigidos para su obtención o cuando concurren circunstancias que hagan incompatible la posesión de armas con la seguridad pública.

La violencia de género, la principal causa de retirada de licencias de armas

Los datos más detallados disponibles proceden de Castilla y León, donde la Guardia Civil informó en 2024 de la retirada de una media de 1.700 licencias de armas al año. Según explicó el teniente coronel Santiago García Martínez, especialista en Intervención de Armas, la principal causa es la incorporación del titular al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). Una vez se activa esta situación, la retirada de la licencia suele producirse de manera inmediata.

Otras causas habituales de pérdida de la licencia de armas

Tras los casos vinculados a violencia de género, la Guardia Civil señala otros motivos frecuentes:

• Acumulación de antecedentes policiales.
• Resoluciones judiciales incompatibles con la tenencia de armas.
• Infracciones graves relacionadas con el furtivismo.
• Conductas que puedan hacer considerar a la autoridad que existe riesgo para la seguridad pública.
• Reincidencia en determinadas infracciones administrativas o de tráfico relacionadas con el consumo de alcohol.

La mejora de los sistemas informáticos de control permite actualmente detectar con rapidez cualquier incidencia que afecte a un titular de licencia.

¿Cuándo se puede perder la licencia de caza?

A diferencia de las licencias de armas, la gestión de la caza es competencia de las comunidades autónomas. Por ello, los procedimientos sancionadores y las consecuencias administrativas pueden variar ligeramente entre territorios. Sin embargo, la mayoría de las leyes autonómicas contemplan sanciones similares que pueden desembocar en la retirada temporal de la licencia o incluso en la inhabilitación para obtener una nueva.

Las infracciones más graves

Entre las conductas que más frecuentemente pueden provocar la pérdida de la licencia de caza destacan:

• Abatir especies protegidas.
• Furtivear fuera de temporada o en terrenos no autorizados.
• Utilizar venenos o métodos prohibidos.
• Incumplir normas de seguridad durante la acción de caza.
• Reincidir en infracciones furtivas.
• Alterar o falsificar documentación relacionada con la actividad.

En los casos más graves, además de las multas económicas, la normativa permite imponer periodos de inhabilitación para ejercer la actividad cinegética.

El Registro Estatal de Infractores de Caza y Pesca

El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene el proyecto del Registro Estatal de Infractores de Caza y Pesca, una herramienta destinada a centralizar la información procedente de las comunidades autónomas. El objetivo es que las administraciones puedan conocer las sanciones firmes impuestas en otros territorios y evitar que una persona inhabilitada en una comunidad obtenga fácilmente una licencia en otra.

El Registro de Infractores de Caza y Pesca, aún sin desarrollar, quiere responder a la necesidad de disponer de forma centralizada de la información que los órganos competentes de las comunidades autónomas hayan inscrito en sus propios registros autonómicos de infractores.

Así, y siempre en consideración del marco de una adecuada política de control de los datos, las diferentes administraciones autonómicas podrían disponer de una herramienta informativa en la cual apoyarse para, por ejemplo, limitar el acceso a las licencias de caza y pesca de los cazadores y pescadores que figuren en el Registro Estatal, con independencia del territorio en el que se hubiera cometido la infracción. Funcionará de manera directa, ya que la información del REICP se integrará en una base de datos alfanumérica, y sus datos se referirán a la comunidad autónoma.

Canarias, un ejemplo de control autonómico de infractores

Algunas comunidades cuentan con registros específicos. Es el caso del Registro Canario de Infractores de Caza, que recoge las sanciones firmes impuestas por los cabildos insulares. La base de datos incorpora información sobre las infracciones cometidas, las sanciones aplicadas y, cuando procede, los periodos de inhabilitación para cazar.