Actualmente, solo Galicia y Cataluña no obligan a los propietarios de mascotas a vacunar de manera periódica a sus animales domésticos. Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana, así como las Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, obligan por ley a esa vacunación. Esto puede situar a gallegos y catalanes, como señala el texto del proyecto de decreto, en una presumible posición de mayor vulnerabilidad ante la eventual introducción de la enfermedad.
El plazo para la presentación de propuestas es de 15 días hábiles desde la publicación en Gencat.
Contexto de la rabia como enfermedad transmitible
De entre las enfermedades zoonóticas, la rabia ocupa un lugar destacado entre las que afectan a la salud humana, tanto por su amplia distribución mundial como por su gravedad clínica. La rabia es una enfermedad infecciosa que causa la muerte en prácticamente la totalidad de los afectados que desarrollan síntomas (letalidad del 100%), tanto en personas como en animales.
La rabia afecta tanto a mamíferos terrestres como voladores (murciélagos), si bien este decreto se centra en la rabia terrestre, es decir, aquella vehiculada por mamíferos no voladores que se desplazan por tierra (carnívoros, rumiantes, humanos...).
El perro está considerado como el principal vector del virus de la rabia terrestre, aunque los gatos y los hurones también pueden desempeñar un papel relevante. Más del 95% de los casos humanos infectados son causados por mordeduras de perros infectados, ya sea por contacto de su saliva con una herida profunda o por contacto con las mucosas corporales. En este sentido, la vacunación de los animales susceptibles a la enfermedad, especialmente a los que conviven con humanos, es la medida más eficaz para prevenir, controlar y erradicar la rabia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una cobertura vacunal de al menos el 70% de la población canina para alcanzar ese objetivo.
Esta enfermedad supone un grave problema para la salud pública en los países endémicos, dado que la OMS estima que mueren de rabia unas 55.000 personas cada año. Globalmente, solo Norteamérica, Australia, Europa occidental y Japón son considerados libres de rabia terrestre.
Justificación de la necesidad del proyecto
El principal reservorio del virus de la rabia (un Lyssavirus) es el perro y los cánidos salvajes (lobos, zorros, coyotes, dingos, chacales). Además, en Europa hay 2 Lyssavirus en murciélagos que también pueden transmitir la rabia a humanos. De acuerdo con los datos de WHO Collaborating Centre for Rabies Surveillance & Research y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se calcula que se producen unas 55.000 muertes anuales en personas en todo el mundo por rabia, mayoritariamente en África y Asia, el 99% de las cuales se debe a perros portadores del virus de la rabia, aunque es muy difícil conocer el número exacto dado que muchos países no declaran los casos. Se estima que, globalmente, la carga económica achacable a la rabia en perros es de unos 8,6 billones de dólares anuales. Aunque Cataluña es un territorio libre de rabia en perros, según el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) del Departamento de Salud de EE. UU., actualmente existen 108 países con alto riesgo de rabia (incluidos Marruecos y Ucrania). La desaparición de las fronteras internas entre los Estados miembros de la Unión Europea, el creciente desplazamiento de personas entre países y el aumento del censo de animales de compañía incrementan el riesgo de difusión de las enfermedades infecciosas de los animales y otras patologías transmisibles a las personas.
La crisis en Ucrania dejó patente el riesgo potencial que puede suponer la entrada de perros de países que no son libres de rabia. La Generalitat de Cataluña vertió muchos recursos humanos y económicos para controlar los aproximadamente 1.265 perros y gatos que entraron en Cataluña durante 2022. Concretamente, el DARPA destinó 27.340,11 € solo para cubrir los costes veterinarios de los animales provenientes de Ucrania.
Rabia en personas
En 2019, 3 personas procedentes de Italia, Letonia y Noruega que viajaron a Tanzania, India y Filipinas se infectaron (y murieron) por rabia asociada a perros. También murió una persona en Euskadi a causa de la rabia, aunque se sospecha que la enfermedad fue transmitida por un gato. En 2021 se declararon 3 casos de rabia en perros abandonados en Melilla.
Según el «Rabies - Bulletin – Europe, Rabies Information System of the WHO», en 2023 hubo en Europa (todo el continente, no solo UE) 1.908 casos de rabia en perros y gatos:
Francia 1
Georgia 62
Hungría 8
Polonia 7
Rumania 12
España 6
Ucrania 1.812
La obligación de vacunación antirrábica establecida en el artículo 61 de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y bienestar de los animales, no incluye a los animales que no salen del territorio nacional. Esto puede generar una cobertura vacunal insuficiente para garantizar un nivel óptimo de protección colectiva.
Ante la situación descrita, se considera necesario establecer la obligatoriedad de la vacunación antirrábica para todos los perros residentes en Cataluña, así como para determinados gatos y hurones que, por sus condiciones de vida (acceso al medio exterior) o por motivos de desplazamiento internacional, presentan un riesgo epidemiológico superior. Asimismo, se considera necesario establecer la obligación de vacunación en las colonias felinas controladas, en el marco de las actuaciones municipales de gestión de estas.
El trámite de información pública
El trámite de información pública permite que cualquier ciudadano, tenga o no interés directo o legítimo, pueda efectuar alegaciones. El trámite de información pública permite, por un lado, que la ciudadanía alegue lo que estime conveniente en defensa del interés general y, por otro, permite que otras personas afectadas, que no han podido ser determinadas por la Administración, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer sus intereses. La información pública garantiza, así, el conocimiento generalizado de las disposiciones que van a ser aprobadas por la Administración y, aunque dirigidas a la ciudadanía en general, no excluye la posibilidad de realizar alegaciones para las personas u organizaciones y asociaciones afectadas que se personen en el procedimiento y en las que no concurren los criterios restrictivos por considerar preceptiva su participación en el trámite.
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