La Comisión Europea mantiene abierto el expediente para restringir el uso de munición de plomo en el marco del Reglamento REACH, pero el calendario de aplicación vuelve a moverse. Según ha informado FACE, la propuesta que se está discutiendo en el Comité REACH habría ampliado de tres a cinco años el periodo transitorio para el uso de perdigones de plomo en la caza con escopeta.
La federación europea de caza señala que la última reunión del comité tuvo lugar el 29 de abril de 2026 y que, antes de ese encuentro, Bruselas introdujo esa ampliación del plazo. FACE vincula el cambio a las preocupaciones expresadas por varios Estados miembros sobre las implicaciones prácticas, económicas, logísticas y geopolíticas de la restricción. La propia organización advierte, no obstante, de que el expediente sigue en discusión y de que no está claro cuándo será sometido a votación.
Qué cambia y qué no cambia
El punto más relevante para el sector cinegético es el paso de un plazo de tres años a otro de cinco años para la transición de los perdigones de plomo en caza con escopeta. En la práctica, supondría más margen para adaptar armas, municiones, existencias comerciales, formación de usuarios y disponibilidad real de alternativas en el mercado.
Pero conviene subrayar lo esencial: no se trata aún de una decisión final publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. La propuesta continúa dentro del procedimiento de comitología y FACE indica que la próxima reunión del Comité REACH está prevista para junio de 2026. También apunta que no pueden descartarse nuevas revisiones del texto.
El expediente oficial figura en el Registro de Comitología de la Comisión Europea, aunque antes de publicar conviene comprobar el contenido exacto del último borrador legal, su ámbito material y el estado real de la votación.
Un expediente sensible para la caza menor
La medida afecta especialmente a la caza menor, donde la escopeta y el cartucho de perdigones tienen un peso central. Para cazadores y sociedades locales, el debate no se limita al cambio de un material por otro: entra en juego la compatibilidad de muchas armas, el precio de la munición alternativa, la disponibilidad de cartuchería por calibres, la seguridad balística y la capacidad de adaptación de armerías, fabricantes y campos de tiro.
La ampliación a cinco años puede leerse como una señal de que Bruselas reconoce parte de esas dificultades. Sin embargo, el sector cinegético español ya había defendido en meses anteriores que un plazo de cinco años seguía siendo insuficiente y reclamaba, en diferentes comunicados federativos, un periodo mínimo de diez años para una transición ordenada.
Frente a esa posición, organizaciones conservacionistas y científicas vienen defendiendo desde hace años una restricción amplia del plomo por sus efectos sobre fauna silvestre, suelos, aguas y consumo de carne de caza. Por eso el expediente combina dos planos que no siempre avanzan al mismo ritmo: la reducción de riesgos ambientales y sanitarios, y la viabilidad técnica y económica de aplicar el cambio sobre el terreno.
Por qué importa ahora
El elemento clave no es solo el plazo, sino la seguridad jurídica. Mientras no exista una votación definitiva y un texto cerrado, cazadores, gestores, federaciones, armerías y fabricantes operan con un escenario todavía móvil. Una transición mal definida puede provocar compras precipitadas, confusión en los usuarios y problemas de disponibilidad en plena temporada.
Para España, el impacto potencial es alto por el peso social de la caza menor y por la extensión de armas antiguas o no preparadas para determinadas cargas alternativas. También lo es para la industria cartuchera, que necesita tiempo, materias primas, ensayos y certidumbre normativa para ajustar producción, precios y distribución.
Bruselas habría suavizado el calendario respecto a borradores anteriores, pero el expediente no está cerrado. Hasta que la Comisión y los Estados miembros no fijen una posición definitiva, el sector deberá seguir el procedimiento con atención y evitar presentar como aprobada una modificación que, por ahora, sigue formando parte de una negociación europea en curso.