Hablamos de un proyecto denominado proyecto ODISEC, Optimización y digitalización del seguimiento de especies cinegéticas conspicuas (corzo, ciervo y perdiz). Para los ecologistas, los actuales métodos llevados a cabo por la Administración de seguimientos periódicos de estas especies aportan información «dispersa» y que dificulta el análisis de tendencias o comparaciones de datos entre territorios.
Dinero público para hacer lo mismo que hacen los cazadores con dinero privado
Los estudios llevados a cabo por entidades del sector cinegético y científico ni los mencionan. No les interesa admitir que esto ya se está llevando a cabo, por ejemplo, en el Proyecto Rufa o el Observatorio Cinegético, una iniciativa que monitoriza las especies cinegéticas por aquellos que mejor las conocen y que más en contacto con ellas se encuentran.
Los ecologistas quieren tener el mando a la hora, como ellos mismos reconocen, de «sentar las bases de una gestión de la fauna silvestre basada en la evidencia científica, coordinada y apoyada en las últimas herramientas tecnológicas, capaz de anticiparse a los cambios ecológicos y de mejorar la conservación de la biodiversidad».
El borrón de los censos de lobo ibérico como ejemplo de lo que está a punto de suceder
Los censos polémicos y bajo la sospecha de promulgar intereses partidarios tienen su ejemplo más claro en el último censo del lobo ibérico. Algo tan presuntamente «sospechoso» que ni siquiera ha sido remitido a Europa, incumpliendo la normativa comunitaria. Además, ese conteo oficial que cifró la población en unas 333 manadas, lo que supone aproximadamente entre 1.330 y 1.665 ejemplares, lo que situaba al lobo muy por debajo de las poblaciones de lince ibérico, ha llevado a reaccionar en contra a distintas autonomías que sostienen que esta cifra no refleja la realidad de la especie y reclaman autorizar controles poblacionales.
Han sido hasta 14 gobiernos autonómicos (incluyendo Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria) los que han llevado al Ejecutivo a los tribunales por no enviar el informe sexenal obligatorio a Bruselas, lo que ha abierto un expediente sancionador a España. Ante este bloqueo, las comunidades remitieron por cuenta propia su propio informe de situación a la Comisión Europea.
¿Qué hizo WWF ante los datos denunciados que aportó el Gobierno?
Con ese censo tan escaso, WWF España aprovechó para actuar de forma externa para analizar los resultados, encargando su propio informe científico independiente a supuestos expertos para auditar los datos del Gobierno. Basándose en dicho informe científico, WWF denunció que la población de lobos se encuentra «estancada» al reflejar un crecimiento del 12% en una década (de 297 a 333 manadas), considerándolo insuficiente y asegurando que el lobo sigue lejos de un «estado de conservación favorable». Muchos ven ahora en la iniciativa que pretende monopolizar los censos de corzo, ciervo y perdiz roja el inicio de una maquinaria que acabará de manera similar.
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