El MAPA pone cifras al peso económico de la caza en España

Un análisis socioeconómico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recopila los principales estudios disponibles sobre la caza en España y sitúa el debate en cifras: impacto en el PIB, empleo directo e indirecto, superficie cinegética, carne de caza, armerías y turismo asociado a la actividad. El propio documento advierte, no obstante, de diferencias metodológicas importantes entre las fuentes consultadas.

El MAPA pone cifras al peso económico de la caza en España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha reunido en un análisis socioeconómico los principales datos disponibles sobre el sector cinegético en España, un documento que aporta una base oficial para abordar uno de los debates recurrentes en torno a la caza: cuánto pesa realmente en la economía, el empleo rural y la gestión del territorio.

El informe no presenta una única cifra cerrada como verdad absoluta. Al contrario, una de sus principales aportaciones es que compara distintos estudios y advierte de que existen metodologías muy diferentes para calcular el impacto económico de la actividad cinegética. Esa cautela resulta relevante, porque no todos los informes miden lo mismo ni con el mismo enfoque.

Según recoge el documento, las estadísticas oficiales de caza suelen centrarse en capturas y número de cazadores, mientras que los datos necesarios para calcular ingresos totales, gastos asociados o impacto inducido no siempre existen con el mismo nivel de detalle. Por eso el MAPA analiza estudios ya publicados y los utiliza como aproximación al peso del sector.

Un impacto económico con cifras muy distintas según la metodología

Entre los datos más destacados aparece el estudio de Fundación Artemisan y Deloitte correspondiente a 2023, publicado en 2025, que estima un gasto movilizado de 8.699 millones de euros y un impacto total sobre el PIB de 10.190 millones de euros. El análisis del MAPA señala que esta última cifra incluye no solo el gasto inicial, sino también el efecto indirecto e inducido en la cadena de valor.

El mismo documento sitúa esa aportación en torno al 0,68 % del PIB nacional de 2023 y subraya que el peso relativo de la caza es mayor en el ámbito rural, especialmente si se compara con magnitudes del sector agrario. Sin embargo, también recuerda que otros trabajos, como el de la Universidad Politécnica de Madrid, ofrecen cifras sensiblemente más bajas por utilizar un enfoque diferente.

Esta diferencia metodológica es clave. Mientras unos estudios aplican modelos macroeconómicos con multiplicadores de gasto, otros se centran en flujos más directos y en actividades cuya vinculación con la caza es explícita. El resultado es una horquilla amplia que obliga a leer las cifras con prudencia, pero que no impide constatar la existencia de una actividad económica relevante.

Empleo rural: el punto más sensible del informe

El empleo es otro de los apartados centrales. El informe recoge que el estudio Artemisan-Deloitte estima 45.642 empleos directos y un impacto total de 199.000 puestos de trabajo vinculados directa, indirecta o inducidamente a la caza. Frente a esa cifra, otros análisis ofrecen resultados mucho más contenidos cuando solo contabilizan empleos asociados de forma más directa al sector.

El MAPA destaca precisamente esa disparidad. Según el documento, la diferencia se explica por el alcance de cada metodología: no es lo mismo medir únicamente trabajos ligados a cotos, gestores, veterinarios, armerías, transporte u hostelería cinegética que incluir también el efecto arrastre sobre comercio, servicios financieros, seguros, automoción o consumo inducido.

Para el mundo rural, la cuestión no es menor. La caza genera actividad en temporadas en las que otros sectores tienen menos movimiento, sostiene alojamientos, restauración, guardería, rehalas, taxidermia, transporte, salas de tratamiento de carne de caza y servicios profesionales asociados a la gestión de fincas y cotos.

El 86 % del territorio aparece vinculado a terrenos cinegéticos

Otro dato de interés para gestores y administraciones es la superficie. El análisis recoge, a partir del Anuario de Estadística Forestal, que aproximadamente el 86 % del territorio nacional está ocupado por terrenos cinegéticos, con un peso destacado de los cotos privados de caza.

Esa dimensión territorial explica por qué la caza no puede analizarse solo como una práctica deportiva. También forma parte de la gestión del hábitat, de la prevención de daños agrícolas, del control de determinadas poblaciones silvestres y de la vigilancia sanitaria en fauna, ganado y personas cuando existen enfermedades compartidas.

El informe encuadra además la actividad dentro de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que defiende un modelo de caza sostenible integrado en el desarrollo rural, la gestión del medio natural y la lucha contra la despoblación.

Carne de caza, armerías y turismo asociado

El documento también aborda ramas concretas de la cadena cinegética. En el caso de la carne de caza, señala el trabajo del sector para avanzar en su regularización, valorización y promoción del consumo. Este punto resulta especialmente relevante en especies de caza mayor, donde la correcta comercialización puede convertir un recurso de gestión en valor añadido para el territorio.

El análisis incluye igualmente indicadores sobre comercio de armas largas de caza o tiro deportivo, evolución de armerías y viajes de residentes asociados a actividades cinegéticas. Son datos que ayudan a comprender que la caza no se limita al lance, sino que moviliza una red económica más amplia.

La lectura de conjunto es clara: el sector cinegético tiene un peso económico y territorial significativo, aunque las cifras concretas deben manejarse con rigor. El propio MAPA advierte de que los estudios disponibles no permiten una estimación única e indiscutible del valor económico de la caza, pero sí ofrecen una base para debatir con datos y no solo con percepciones.

 

Se puede ver el informe en este enlace.

 


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