Encuentran un lobo muerto con signos de haber sido disparado y los ecologistas cargan contra los cazadores

El cadáver del animal fue encontrado en aguas del río Esla, en las inmediaciones de la Central Eléctrica de Santa Eulalia de Tábara, en la provincia de Zamora. Un enclave que encontramos a las faldas de la Sierra de la Culebra.

Se trata de un macho adulto de cinco años de edad que portaba un collar localizador GPS en su cuello. La señal había dejado de transmitir el pasado 21 de abril, probablemente porque el cuerpo estaba sumergido en el agua del río. Por ello, los agentes comenzaron el 5 de mayo la búsqueda activa del ejemplar de lobo ibérico, localizándolo en el lugar mencionado.

El ejemplar pertenecía a un programa de seguimiento de individuos para profundizar en sus hábitos, tanto diurnos como nocturnos, enfocado a sus costumbres alimenticias, ritmos de actividad, desplazamientos geográficos o causas de mortalidad, todo encaminado a prevenir ataques a la ganadería.

Un agente medioambiental señala los orificios que presenta el animal en su cuerpo.

Ecologistas que criminalizan a los cazadores

La necropsia la conoceremos en los próximos días y esto nos llevará a conocer cómo murió el depredador, pero los agentes han dejado constancia de que el animal presentaba dos orificios compatibles con impactos de bala. Pero hay entidades y grupos a los que no les importa lo que realmente haya sucedido y ya aseguran que los cazadores son los culpables, en un intento de aprovechar el suceso para restringir las formas y calendarios cinegéticos.

Han sido Ecologistas Zamora y Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) los que acusan a los recechistas legales de corzo que estos días salen al monte y a la declaración de emergencia cinegética por sobrepoblación de jabalíes de convertirse en «caldo de cultivo perfecto para el furtivismo de lobos y otras especies», añadiendo que «los cazadores campan a sus anchas sin apenas vigilancia, día y noche, portando rifles, visores térmicos y reclamos».

Un absurdo intento de criminalizar a todo un sector y que debería ser llevado a los tribunales por las entidades que representan a los cazadores de Castilla y León.