La falta de personal es la razón esencial de que el Procurador Común, es decir, el Defensor del Pueblo de Castilla y León, haya reprendido a la Consejería de Medio Ambiente autonómica por la dejadez de funciones demostrada en los servicios territoriales.
El motivo, que el cuarenta por ciento de las denuncias ambientales interpuestas han prescrito sin que siquiera se hayan comenzado a tramitar. Hablamos de 1.440 expedientes prescritos, a los que hay que sumar otros 4.318 sin tramitar. Esto, en el plazo temporal entre los meses de enero de 2023 y diciembre de 2025, cuando se propusieron para sanción 14.398 denuncias.
Se denuncia, pero en muchas ocasiones no se sanciona
Las consecuencias de esta inoperancia, según explica el Procurador Común, «comprometen el principio de eficacia de las sanciones». Entre las principales consecuencias, encontramos, como resalta el alto cargo, que «puede generar desconfianza en los agentes de la autoridad» al impedir que se impongan las sanciones. Pero no debemos olvidar otro de los lastres que se originan con esta vergonzosa situación: los que actúan al margen de la ley, sobre todo los furtivos, saben que los expedientes que se les imputan tienen una elevada probabilidad de quedar en un cajón sin que alguien lo vuelva a coger para tramitar.
Puestos jurídicos sin personal
Desde la Consejería de Medio Ambiente han contestado al Procurador: «De los 31 puestos jurídicos existentes en la consejería cuyas funciones están relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental, 23 están actualmente ocupados… Respecto a las 8 plazas vacantes en la actualidad, se ha solicitado autorización para su cobertura mediante funcionarios interinos».
Por provincias, Valladolid es de las que más suman a esas cifras.
- Ávila: de las 1.641 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 779 no se ha incoado ningún expediente sancionador (un 47,47% del total). Sobre las restantes, se ha iniciado la tramitación administrativa de los expedientes sancionadores procedentes, habiendo prescrito únicamente dos.
- Burgos: de las 2.371 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 460 no se ha incoado ningún expediente sancionador (un 19,40% del total). Sin embargo, en este caso y seguramente debido a la falta de cobertura de los dos puestos vacantes, únicamente se tramitaron 907 expedientes (un 38,25% del total), de los cuales únicamente se han resuelto 38 referidos a la materia de residuos, mientras que los restantes, 869, han prescrito, afectando fundamentalmente a las siguientes materias: caza, pesca, montes, vías pecuarias y espacios naturales.
- León: de las 1.868 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 309 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 16,54% del total). En este caso, debemos destacar que de los 1.252 expedientes sancionadores tramitados, han prescrito 85 expedientes en materia de montes y otros 4 caducaron.
- Palencia: de las 942 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 637 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 67,62% del total). En este caso, debemos destacar que, del resto de denuncias, se han tramitado los expedientes sancionadores pertinentes, sin que haya prescrito ni caducado ninguno de estos procedimientos.
- Salamanca: de las 1.868 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 344 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 18,41% del total). En este caso, debemos destacar que, del resto de denuncias, se han tramitado los expedientes sancionadores pertinentes, habiendo prescrito 110 y caducado 36.
- Segovia: de las 1.476 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 117 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 7,93% del total). En este caso, debemos destacar que, del resto de denuncias, se han tramitado los expedientes sancionadores pertinentes, habiendo prescrito 77 y caducado 2.
- Soria: de las 1.868 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 41 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 2,19% del total). En este caso, del resto de denuncias se han tramitado los expedientes sancionadores pertinentes, de los que 108 han prescrito y/o caducado.
- Valladolid: de las 1.549 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 1.152 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 74,37% del total). Del resto de denuncias se han tramitado los expedientes sancionadores pertinentes, habiendo prescrito 32 y caducado 6.
- Zamora: de las 1.315 denuncias recibidas en este servicio territorial, en 479 no se ha incoado ningún expediente administrativo (un 36,43% del total). En este caso, del resto de denuncias se han tramitado los expedientes sancionadores pertinentes, habiendo prescrito 103 y caducado 6.
Consecuencias nefastas para el sistema de protección del medio ambiente
El Procurador del Común se reafirma en su «denuncia» a partir de estos datos oficiales: «Como reconoce la Administración autonómica en su informe remitido, no están cubiertos todos los puestos jurídicos existentes en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, cuyas funciones están relacionadas con la tramitación de procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental. En efecto, mientras que en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora existe una cobertura total, en cambio en el resto de las provincias hay una vacante de las tres existentes, salvo en la provincia de Burgos, que tiene dos vacantes y solo una plaza cubierta.
Esta falta de cobertura tiene su influencia fundamentalmente en la tramitación de los expedientes sancionadores por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, ya que, como se puede comprobar analizando los datos remitidos, han prescrito 869 de las sanciones recibidas en ese órgano autonómico territorial, lo cual compromete el principio de eficacia de la acción administrativa sancionadora consagrado en el artículo 103.1 de nuestra Constitución, y, al mismo tiempo, puede generar desconfianza en los agentes de la autoridad de esa provincia que formulan las denuncias, al impedir que se imponga la sanción que corresponda a las personas que hubieran cometido una infracción tipificada en la normativa ambiental, fundamentalmente en las materias de caza, pesca, montes, vías pecuarias y espacios naturales». Lo mismo sucede, en mayor o menor medida, en el resto de provincias. Las cifras resultan escandalosas y muy perjudiciales en materia de medio ambiente, caza y pesca.
