Han transcurrido casi cinco años desde que el Tribunal Supremo confirmara el fallo de instancias inferiores que ya en 2019 habían condenado a María del Rosario Cabrera Ruiz, entonces edil del PSOE, a indemnizar a la sociedad afectada por el delito de prevaricación probado en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Pero los hechos se remontan a 2015, con la licitación del coto de caza municipal. Ante las iniciales irregularidades cometidas, la sociedad de cazadores El Perdigal denunció los hechos, un juzgado de lo contencioso-administrativo anuló aquella licitación y comenzó el proceso penal del caso, que, tras ser sentenciado por la Audiencia Provincial de Zaragoza, la condenada llevó al Alto Tribunal.
Una contratación muy irregular
Los hechos juzgados demostraron que la alcaldesa presidió un pleno en el que se aprobó el expediente de contratación y el pliego de contratación del coto, y se acordó su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, como así ha recogido la declaración de la acusación particular en nombre de la sociedad de cazadores El Perdigal. Pero, a pesar de que el anuncio publicado en el boletín instaba a los interesados en la licitación a acceder al pliego en dependencias municipales, durante ese plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas, el secretario estuvo ausente, haciendo imposible que nadie licitase.
Ese pliego se mantuvo en una vitrina cerrada durante ese plazo, por lo que nadie pudo leer más que la primera página del mismo. Incluso la acusada se había negado a volver a licitar la explotación de la finca cinegética, una «actitud de obstrucción sistemática y prolongada en el tiempo», según hace constar el tribunal sentenciador. Y el adjudicatario resultó ser una sociedad que no estaba al corriente de pagos a la Seguridad Social, más aún cuando su junta directiva estaba encabezada por marido, un hijo y un cuñado.
El coto, para sus familiares
Finalmente, la alcaldesa aprobó la adjudicación del coto social a la sociedad que estaba integrada por sus parientes por un importe de 5.800 euros, a pesar de que el secretario municipal presentó un informe contrario a esta decisión. La exalcaldesa se libró de penas de prisión al no haber sido encontrada culpable de los otros cargos que pesaban sobre ella, que eran negociaciones prohibidas y malversación de caudales públicos.
El dinero que el tribunal le condenó a pagar ha sido depositado, el pasado 26 de marzo, en las arcas de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, por lo que se libró mandamiento para que estos 17.730 euros se transfirieran a la cuenta bancaria de la sociedad de cazadores El Perdigal, la cual está representada por el abogado Álvaro de Lasala.
