La RFEC, entidad más representativa del sector cinegético español con más de 330.000 federados, defiende que la futura reforma debe basarse en criterios técnicos, seguridad jurídica y simplificación administrativa. Además, reclama que se tenga en cuenta la realidad de un colectivo que utiliza de forma legal y supervisada la gran mayoría de las armas civiles registradas en España, así como el nuevo paradigma del desarrollo cinegético, condicionado por su labor de gestión y control de la sobreabundancia de especies.
Simplificación administrativa, mayor accesibilidad a instalaciones de tiro y adecuación al nuevo contexto
Entre las principales propuestas presentadas destaca la simplificación administrativa mediante la unificación de las actuales licencias D y E en un único título habilitante para la caza. Esta medida permitiría reducir trámites innecesarios sin rebajar los actuales estándares de seguridad y control, en un contexto de claro trasvase de usuarios de la caza menor a la mayor, motivado por el escenario de control de la PPA.
El documento también subraya la importancia de reforzar la formación y el entrenamiento de los usuarios, tal y como plantea el Ministerio público. No obstante, la Federación defiende que la consecución de estos objetivos compartidos no puede lograrse a costa de imponer más trabas y exigencias al regulado.
Por ello, propone la integración progresiva de la formación en materia de armas en los procedimientos de obtención de la licencia de caza que ya realizan los nuevos cazadores a través de las federaciones, además de facilitar un acceso más temprano y sencillo a una formación reglada en esta materia.
En este sentido, la entidad exige una mayor flexibilidad en la habilitación y uso de campos de tiro —tanto fijos como eventuales— como espacios esenciales para la práctica segura de la actividad y el entrenamiento con armas.
En relación con el contexto de sobreabundancia poblacional, y en coherencia con las demandas de muchas comunidades autónomas, la federación reclama que el Reglamento de Armas deje de ser un obstáculo para el pleno desarrollo de las competencias autonómicas en materia de caza y para la eficacia de las labores de gestión realizadas por los cazadores.
Así, solicita la autorización expresa de dispositivos de comunicación como los pinganillos, la flexibilización en el uso de moderadores de sonido o la total disponibilidad del calibre .22 para las modalidades de caza y controles poblacionales que las autonomías consideren adecuadas, con el objetivo de optimizar la eficacia del sector en la gestión de la fauna silvestre.
En cuanto a la regulación de armas tácticas o a la limitación del número de armas planteada por el Ministerio del Interior, la Real Federación Española de Caza ha trasladado su oposición a cualquier medida que no se base en parámetros técnicos objetivos y que pueda dar lugar a interpretaciones subjetivas de la norma, como podrían ser los criterios estéticos.
En todo caso, la federación ha planteado al instituto armado su voluntad de implicarse y colaborar en la reforma y solución de aquellos aspectos que verdaderamente pudieran constituir un riesgo para la seguridad ciudadana.
Demandas con un amplio respaldo del sector
El presidente de la federación, Josep Escandell, ha destacado la importancia de esta fase del proceso normativo: «Hemos trasladado a la Guardia Civil una hoja de ruta realista para que el futuro Reglamento de Armas no se convierta en una barrera para quienes cumplen la ley, sino en una herramienta útil que reconozca la responsabilidad del sector».
«Nuestra voluntad de colaboración con el Ministerio del Interior y con el instituto armado es total para lograr una norma técnicamente sólida y que aporte seguridad jurídica», ha señalado.
Escandell también ha valorado muy positivamente la unidad del sector en estas demandas: «Son peticiones que aglutinan las sensibilidades de todas las federaciones autonómicas de caza, pero también de muchas otras entidades del sector cinegético que comparten nuestra voluntad: combatir las conductas ilícitas sin imponer restricciones generales a quienes realizan un uso legal, responsable y plenamente supervisado de las armas».