La propuesta ha sido aprobada en el Parlamento autonómico gracias a los votos a favor de PP y Vox, pero con la oposición y votos en contra de los partidos de izquierda, que no han estado de acuerdo en valorar de manera objetiva las consecuencias sanitarias, ambientales, económicas y de seguridad, además de la compatibilidad de las municiones alternativas con las armas de los cazadores y tiradores.
La restricción, como todas las que se van imponiendo en el sector de la caza y el tiro, llega desde la Unión Europea, que lleva años trabajando para restringir el uso de municiones de plomo y también de aparejos de pesca del mismo material pesado. Se basa en el Reglamento REACH. Y lo materializaba en un proyecto de ley oficial cuyo objetivo es la prohibición del uso de munición de plomo en todos los ámbitos, caza y tiro deportivo en todos los entornos, no solo los humedales. Una prohibición que también será aplicada a los plomos de pesca.
Se piden 10 años para adaptarse a la prohibición
Lo que se ha conseguido con la votación en el Parlamento Balear es el compromiso de instar al Gobierno de España a que defienda la transición de al menos 10 años para la prohibición del uso de municiones de plomo. Algo que choca con la intención que tiene Europa, cuyas directrices recomiendan tanto la eliminación gradual del uso de munición de plomo en todos los hábitats como la eliminación gradual del uso de pesos de pesca de plomo en áreas donde se ha demostrado que las aves migratorias corren un riesgo particular de envenenamiento por plomo. Pero en una gradualidad de mucho menos tiempo.
De hecho, desde Bruselas han dejado patente que «no es necesario un período de transición de cinco años para prohibir el plomo en los perdigones para la caza, como propone la ECHA. Esto tiene en cuenta que el uso de perdigones de plomo en humedales ya está regulado en la UE. Cuanto más corto sea el período de transición, menos plomo se liberará al medio ambiente».
Una cuestión que merece ser atendida
No es la primera vez que el Partido Popular agita el árbol del plomo para conocer la posición del Gobierno de Pedro Sánchez al respecto. El año pasado realizó una pregunta oficial acerca del objetivo que tiene el Ministerio y qué iniciativas regulatorias aprobará —de competencia exclusivamente estatal— en relación a la regulación del uso de plomo en las actividades de caza y pesca. La intención era que el Ejecutivo se decantase por su posición respecto a ese plazo inferior a cinco años o uno más acorde a lo que requiere el sector.
Compensar a los afectados por la prohibición
Dentro de la misma iniciativa, se reclama un proceso de diálogo y consulta cualificada con todos los sectores implicados para acercar posiciones y formular una propuesta nacional «coherente y equilibrada», así como contemplar medidas de compensación económica a los afectados, cazadores y tiradores, fabricantes y comerciantes de munición. Fuera de este tema concreto, el Parlament exigirá al Gobierno que ponga en marcha medidas legislativas para permitir la actividad cinegética en parques nacionales y que defienda la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones silvestres y la protección de las explotaciones agrícolas.
