Cuando cae la noche y el campo queda desierto, hay un colectivo que sigue vigilando. Caminos, cotos, montes y áreas protegidas son su territorio. Ellos son los Guardas Rurales de Caza, una figura discreta pero indispensable para garantizar la seguridad, la conservación de la fauna y el cumplimiento de la normativa cinegética.
¿Cuál es la labor real de un Guarda Rural de Caza?
Nuestro trabajo no es solo vigilar fincas. Somos la primera línea de seguridad del medio rural: controlamos accesos, prevenimos el furtivismo, protegemos cultivos y fauna, inspeccionamos aprovechamientos cinegéticos, levantamos actas y auxiliamos a cazadores, agricultores y ganaderos.
Además, actuamos como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habilitados por el Ministerio del Interior y coordinados con SEPRONA y los Agentes de Medio Ambiente. Muchas veces somos los primeros intervinientes en situaciones de riesgo, especialmente en zonas aisladas donde la Administración no llega de forma inmediata.
¿Qué confusión existe sobre vuestra figura?
Todavía hay quien piensa que somos simples vigilantes privados. Eso es falso. La Ley 5/2014, de Seguridad Privada, nos atribuye funciones de policía administrativa en materia cinegética: vigilancia de fincas, control de accesos, prevención de delitos e infracciones, levantamiento de actas, custodia de indicios, retirada de medios ilegales y puesta a disposición de la autoridad. No es vigilancia pasiva; es seguridad rural activa.
¿Qué principios guían vuestro trabajo diario?
Legalidad: todo lo que hacemos está dentro de la ley.
Integridad y ética: actuamos con respeto y profesionalidad.
Trato correcto: nunca abusamos de nuestra autoridad.
Proporcionalidad: aplicamos medidas acordes a los riesgos.
Confidencialidad: protegemos la información del servicio.
Coordinación con las FFCCSS: siempre auxiliar y cooperar con las autoridades.
Estos principios muestran que, aunque seamos personal de seguridad privada, nuestras funciones son públicas y esenciales para la protección del medio natural.
¿Tenéis ya consideración de agentes de la autoridad?
Parcialmente, solo cuando actuamos junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada reconoce que las agresiones contra nosotros, en cooperación con la autoridad, se consideran atentado contra agente de la autoridad.
Pero la mayor parte del trabajo diario se realiza en solitario: patrullando, denunciando infracciones y vigilando. En estas situaciones, nuestra palabra no tiene presunción de veracidad, lo que debilita la protección legal y deja el campo expuesto.
¿Qué solicitáis a las Comunidades Autónomas?
Reconocimiento expreso como agentes de la autoridad durante el servicio.
Presunción de veracidad de nuestras actas y denuncias, salvo prueba en contrario.
Protección penal reforzada frente a agresiones, amenazas o desobediencias.
No pedimos privilegios; pedimos seguridad jurídica para poder cumplir nuestras funciones, proteger la fauna y garantizar la legalidad.
¿Existen precedentes que apoyen vuestra petición?
Sí, varios:
En Cataluña, los conductores de autobús cuentan con protección reforzada frente a agresiones.
En Andalucía, el personal sanitario tiene consideración de atentado si se le agrede durante su servicio.
La Junta de Andalucía reconoció recientemente que el personal docente de centros públicos tiene condición de autoridad pública mediante la Ley 3/2021 y su decreto de desarrollo.
Si la Administración protege a estos profesionales no policiales, es coherente y justo aplicar la misma protección a quienes custodian el medio natural.
¿Por qué es crucial la veracidad de la palabra?
Porque es la herramienta más potente de disuasión.
Si un furtivo sabe que nuestras actas tienen valor probatorio, lo piensa dos veces antes de infringir la ley.
Sin presunción de veracidad, nuestras denuncias pierden fuerza, la seguridad se debilita y la fauna queda desprotegida.
¿También pedís ayudas económicas?
Sí, porque la falta de recursos afecta a la capacidad de vigilancia:
Cada vez hay menos cazadores y menos relevo generacional.
Muchos cotos no pueden mantener guardería rural, dejando el campo vulnerable al furtivismo.
Reclamamos subvenciones y ayudas económicas, como ya existen en otras comunidades, para garantizar la presencia de Guardas Rurales de Caza. Invertir en guardería rural es invertir en seguridad, conservación y empleo en el medio rural.
Protegiendo el campo, exigiendo reconocimiento legal
Estamos todos los días en el terreno, patrullando y vigilando como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ejercemos funciones públicas continuas, pero seguimos sin la protección jurídica que nos corresponde.
Es hora de que las Comunidades Autónomas y la Administración reconozcan que los Guardas Rurales de Caza son agentes de la autoridad y que nuestra palabra tenga presunción de veracidad.
Sin vigilancia, el campo queda desprotegido.
Sin gestión, desaparece la caza legal y la fauna.
Sin reconocimiento legal, nosotros estamos desprotegidos.
Exigimos leyes claras, protección efectiva y apoyo económico.
Porque proteger al Guarda Rural es proteger el futuro del medio rural y la seguridad de todos.
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