Detenido un guarda de un coto por matar un águila imperial con un rifle de calibre 17 HMR
Cualquier forma de furtivismo es repudiada por el sector cinegético español. Y, en esta ocasión, los cazadores celebran que, si se prueba la acusación al detenido, caiga sobre él todo el peso de la ley.
Se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros y dos años de prisión por abatir de un disparo a una de las especies más amenazadas de la Península Ibérica. El detenido, de 61 años, trabajaba como guarda de un coto de caza, es acusado como presunto autor de la muerte de un águila imperial ibérica, que cuenta, según el último censo, que data de 2022, con solo 841 parejas reproductoras.
El peligro de perder un solo ejemplar de esta especie
Como ha recordado el Seprona en nota de prensa, «La pérdida de un ejemplar de esta especie supone una grave alteración del equilibrio ecológico, afectando directamente a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los ecosistemas naturales». No hay que olvidar que el águila imperial ibérica está incluida tanto en el Catálogo Español como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, considerada como especie «En peligro de extinción», debido a su escasa población y al alto riesgo de desaparición a corto o medio plazo.
Una investigación deriva en el vigilante de un coto
Los hechos se remontan al pasado mes de febrero, cuando se encontró al ejemplar sin vida en una zona de la comarca de la Mancha, en la provincia de Toledo. Esta forma parte de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha (RAPP), que incluye refugios de fauna y pesca, además de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), integrados en la Red Natura 2000.
Entonces comenzó una investigación, operación Impemo, con análisis periciales y de distintas pruebas, como los restos del disparo en el cuerpo del animal, que llevaron a considerar como sospechoso al guarda de un coto de caza, a quien se le ha intervenido un rifle de calibre 17 HMR como posible prueba de la comisión de los hechos.
Si es considerado culpable, el detenido se enfrenta a una pena de prisión de hasta dos años, además de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, para ejercer la caza o la pesca, además de pena de privación del derecho a la tenencia de armas, todo por un periodo de hasta cuatro años.
