El número de lobos que permite abatir o «extraer», que es la palabra más utilizada en estos casos, por el Principado de Asturias es de 53 ejemplares. La fecha tope concluye en marzo de 2026. El censo estimativo de la población en la autonomía es de 345. Entre los que más daños causen al ganado doméstico en terrenos de las reservas regionales, los cazadores tendrán la opción de dispararlos, aunque con restricciones. Solo se permitirá bajo estas circunstancias y en las cacerías de otras especies cinegéticas que ya estén programadas con anterioridad.
Aumentar la eficacia de las extracciones
El Gobierno asturiano se ha rendido a la experiencia de los cazadores para conseguir el número de abates contemplado en las zonas donde más problemas causa la especie. Estos daños se han evaluado desde comienzos de año y hasta enero para elegir las zonas donde se actuará ante los lobos. Algo que venían pidiendo los cazadores desde hace tiempo.
El presidente de su federación, Valentín Mora así lo ha corroborado en declaraciones a La Nueva España: «Nos habíamos ofrecido a colaborar en varias ocasiones, porque es más efectivo disparar a un lobo cuando se ve que salir luego a buscarlo», aunque aún no les consta ni les han comunicado que ya se hayan otorgado estas autorizaciones, aunque en el Principado no se han hecho públicos los datos de las extracciones que sus dirigentes aseguran que ya se han realizado, llevando el asunto con la mayor discreción posible «para evitar el morbo», según palabras de Marcelino Marcos, Diputado socialista en la Junta General del Principado de Asturias.
Por su parte, el PP asturiano ha pedido «garantías jurídicas para los cazadores» que participen en las cacerías para que los grupos conservacionistas no tengan opciones de tomar medidas legales contra ellos.
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