El estudio sobre el impacto económico, social y ambiental de la caza en España llega al Senado

El estudio sobre el impacto económico, social y ambiental de la caza en España, elaborado por Deloitte para la Fundación Artemisan, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se ha presentado este lunes en el Senado. El acto ha tenido lugar en el Salón de Pasos Perdidos, bajo la presidencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, y ha contado con la asistencia de senadores, diputados, representantes de partidos políticos y diversas entidades del sector cinegético.

Antes de la exposición del estudio, a cargo de Carlos Sánchez, coordinador adjunto de Investigación de Fundación Artemisan, se celebró una recepción en el Salón de las Autonomías, con la participación del presidente de la Fundación, José Luis López-Schümmer, patronos, representantes políticos y miembros del equipo técnico.

Durante su intervención, Rollán calificó el estudio como un «análisis riguroso, con un sólido cimiento científico, serio y pormenorizado» sobre la actividad cinegética, y defendió la caza como «una actividad necesaria e imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad». Subrayó también su impacto positivo en el ámbito económico, social y medioambiental, además de su contribución a la lucha contra el reto demográfico. Citando a Miguel Delibes, afirmó que «un cazador es un ecologista con conocimiento de causa» y añadió que «muy pocas personas protegen y respetan más la fauna y la biodiversidad que los cazadores».

La caza como motor del mundo rural

El presidente de Fundación Artemisan, López-Schümmer, agradeció la oportunidad de presentar el informe en el Senado y destacó la necesidad de basar las decisiones en datos y rigor científico. «La caza no son solo cifras, es un sector imprescindible para el mundo rural y necesario y bueno para la sociedad», subrayó. Aprovechó también para trasladar algunas de las principales demandas del sector, como el retorno de la caza a los parques nacionales, la lucha contra el furtivismo, el impulso al consumo de carne de caza, la falta de relevo generacional o la necesidad de evidencia científica ante la prohibición del plomo.

Carlos Sánchez detalló los principales resultados del estudio, que revela que la caza genera anualmente 10.190 millones de euros de PIB en España y sostiene 199.000 empleos, de los cuales más de 45.000 son directos y el 80 % se localizan en el medio rural. Además, el sector cinegético invierte anualmente 320 millones de euros en conservación, posicionándose como el segundo mayor inversor en gestión medioambiental tras la Administración pública.

España cuenta con al menos 577.742 cazadores y el número de licencias en vigor ascendía en 2023 a 891.889. Su papel resulta clave en la regulación de ecosistemas, prevención de accidentes de tráfico y enfermedades, así como en la conservación de especies protegidas.

Tras la presentación, se celebró una mesa redonda en la que intervinieron el director de Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva, y los senadores María Teresa Macías y José Domingo Martínez. En ella se abordaron diversos aspectos del estudio, que desde su primera edición en 2018 ha supuesto un hito en la valoración del papel de la caza en España, y que en esta segunda edición reafirma su relevancia en el ámbito rural, económico y ambiental.

Fotografías: "@davidcorral"