El sector cinegético pide a los partidos políticos un pacto por la caza
Las organizaciones con representación en el Consejo Regional de Caza (Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Aproca, Atica CLM y Atica GUA) han puesto en marcha una campaña para reclamar a los distintos candidatos de los partidos políticos que optan al Gobierno de Castilla-La Mancha a alcanzar un pacto por la caza, que incluya medida concretas y tangibles en favor del sector cinegético.
Los representantes del sector cinegético han recogido en un documento sencillo las necesidades de la caza en Castilla-La Mancha, que van desde modificaciones legislativas en aquellos aspectos que se ha comprobado que no funcionan correctamente o que suponen una burocratización y una innecesaria carga administrativa.
El pacto también aboga por medidas específicas para la defensa de la caza menor, la rehala y otras modalidades tradicionales de caza, y reclama propuestas concretas de apoyo a las sociedades de cazadores locales y titulares de cotos.
El sector cinegético busca a través del denominado ‘Pacto por la caza’ entrevistase con los distintos candidatos a la Junta de Comunidades, a los quieren trasladarles de manera más pormenorizada las medidas que conforman dicho documento, para recabar su compromiso y apoyo a estas medidas.
Previamente, han recordado, le han hecho llegar a todos los partidos políticos el documento para que puedan analizarlo y así expresar su compromiso de poder asumirlo o no.
El sector cinegético ha subrayado que la caza es una actividad fuertemente arraigada en Castilla-La Mancha, que aglutina más de 100.000 hombres y mujeres que conservan, mantienen y protegen más del 80% del territorio castellano-manchego, donde no existe un solo municipio rural de la región que no cuente con, al menos, una sociedad de cazadores o un coto de caza.
Y han recordado que según un reciente estudio, la mayoría de los habitantes de Castilla-La Mancha consideran la caza necesaria para el medio ambiente y el mundo rural, al ser una herramienta vital para la conservación del patrimonio natural de la región y su desarrollo rural, generando más de 23.000 empleos directos y 600 millones de euros de beneficios.
