Empresarios lácteos y un político del PSOE, acusados de extorsionar a ganaderos
Las investigaciones realizadas por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, de Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han desembocado este martes en la detención de 12 personas. La operación, que continúa abierta, investiga presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones europeas vinculadas a productos de alimentación.
Entre los detenidos se encuentra un general jubilado, que estuvo al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, los empresarios catalanes Esteban Banús y Mima Roca, propietarios de la empresa Leche Sandra, y el socialista Taishet Fuentes, que fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.
Se investiga la extorsión a los ganaderos para conseguir comisiones
La actuación judicial y policial está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, en coordinación con el titular de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife. La operación investiga una trama por presunta extorsión, fraude, malversación, cohecho y tráfico de influencias en la gestión de las ayudas de la Unión Europea destinadas al sector de la ganadería en Canarias.
A cambio de las comisiones requeridas a los ganaderos, también se les prometía dejar al margen de inspecciones a sus negocios. Los cuerpos policiales que han participado en la operación han ejecutado trece registros en Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Valencia y Madrid. En las pesquisas han requisado numerosa documentación y dinero en metálico. La trama ha salpicado a un diputado del PSOE, que está siendo investigado, y a un líder local, que ha sido arrestado.
El partido socialista se ha visto obligado a abrir expediente disciplinario y suspender de militancia a Taishet Fuentes, integrante del PSOE majorero. También ha sido detenido en la investigación el general Espinosa, ex jefe de la comandancia de Las Palmas. Fuentes de la investigación han señalado a EFE que los delitos que se le imputan al Guarda Civil retirado corresponden a los años 2020 y 2021. Al general se le acusa de pertenencia a organización criminal, estafa y cohecho.
Javier Fernández
