La Ley de Protección y Bienestar Animal supone una intromisión en la libertad de los ciudadanos

La ministra Ione Belarra se jactó de asegurar que la próxima Ley de Protección y Bienestar animal cuenta con el consenso mayoritario de la sociedad española. Pero la realidad se le ha vuelto en contra cuando se recuentan las alegaciones que están registrándose ante un texto que ha levantado a muchos sectores. Y una de las más reveladoras de lo que supone este proyecto de ley es el que ha difundido la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia.

Una ley desarrollada para las protectoras, no para los animales

La puesta en marcha de la ley requerirá la creación de más protectoras y de despachos que servirán para controlar los distintos apartados que obligan y prohíben, muchísimos dentro del texto legal. Una serie de departamentos, registros, observatorios y demás nombres rimbombantes que se crearán para poner a dedo a animalistas y personas relacionadas con refugios y protectoras. Pero, ¿cómo se pagarán todos estos nuevos cargos? Solo hay que leer el proyecto de ley y las multas creadas para castigar la desobediencia a las nuevas normativas para dilucidar cómo el Gobierno sacará provecho de todo esto.

Los ‘chiringuitos’ que llegarán con la Ley de Bienestar Animal

Falta de rigor jurídico y contra la libertad de las personas

Mientras Ione Belarra y sus colegas animalistas recitan lo mismo en entrevistas y ruedas de prensa, asegurando que la ley animalista es aceptada y esperada por la mayoría de españoles, siguen llegando alegaciones que exigen su retirada y una nueva redacción que contenga un texto basado en la ciencia, sin sesgos ideológicos radicales (animalistas) y que se acerque mucho más a la realidad de los animales en este país.

Una de las críticas más lesivas a la ley animalista ha llegado de la mano del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La entidad, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se creó para defender el buen funcionamiento de los mercados velando por el interés tanto de consumidores como de empresas. En su informe, alerta de la “intromisión que supone este proyecto en el mercado y en la libertad de los ciudadanos, así como de la falta de rigor jurídico".